El Comité Ejecutivo Nacional del PP aprobó ayer en Bilbao un plan de ajuste de sus presupuestos de 2001, ya en marcha, para frenar la deuda desbocada en gastos de seguridad, especialmente en el País Vasco. El presupuesto de gastos del PP rondaba los 8.500 millones de pesetas. En escoltas, vigilantes privados y demás medidas relacionadas con la protección para sus más de 200 cargos electos y algunos militantes amenazados, el PP invierte unos 2.100 millones de pesetas al año. Una cifra cada vez más alta y superior a la prevista. La dirección del PP ha calculado que la deuda a final de año por ese concepto podría elevarse a 1.000 millones y constata que el anuncio de que ese asunto sería definitivamente arreglado por el Gobierno central aún no se ha hecho realidad en su caso.
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El secretario general del PP, Javier Arenas, informó ayer al Comité Ejecutivo de esa preocupante situación y de los recortes aplicados tanto en gastos de representación como en viajes internacionales, encargos de encuestas e incluso en el aplazamiento del contrato con una empresa especializada de la renovación de la imagen del partido. Un asunto que ya se postergó tras el pasado verano y que parece encaminado a probarse para el próximo Congreso Nacional.
El PP se ha endeudado en otros 600 millones para la compra con hipotecas de nueve sedes en distintos puntos de España.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 18 de abril de 2001