La suspensión de militancia y el expediente de expulsión se decidieron con base en una 'transcripción literal de una conversación en la que el citado afiliado solicita un pago a cambio de la realización de su mediación en virtud de su influencia política', según consta en la resolución de la ejecutiva federal socialista. Dicha conversación se produjo el 13 de febrero pasado y en ella Campelo supuestamente reclama 40 millones de pesetas a dos empresarios, representantes de la empresa francesa de hipermercados Lecrerc, para facilitar supuestamente la implantación de una gran superficie en Langreo, a cuya licencia también aspiraba Eroski.
La conversación fue grabada por Juan Pedro Iriazábal, directivo de Leclerc en España, y Pedro Piñera, que trabaja para la empresa que intermedió en la operación. Piñera fue consejero del primer Gobierno autónomo del PSOE en Asturias, y luego presidente de la Confederación Hidrográfica del Norte de España bajo administraciones socialistas.
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Campelo compareció ayer acompañado por la ejecutiva local del partido para insistir en que nunca cobró dinero irregular alguno. La dirección regional del PSOE no duda de que los empresarios no llegaron a pagarle. El concejal sostuvo que en este caso 'ya se dictó sentencia pública' sin darle 'la oportunidad de escuchar las acusaciones'. 'Hay una decisión que ya está tomada: acabar políticamente con quien fue tan osado de atreverse a confrontar con el poder establecido y conseguir derrotarlo en Langreo'. 'Quienes pretenden perpetuarse en el poder no pueden permitirlo', dijo en velada referencia al líder del PSOE de las cuencas mineras, José Ángel Fernández Villa, de quien Campelo se distanció recientemente.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 19 de abril de 2001