Además de constatar 'la concentración de riesgos' de El Monte en el sector inmobiliario, el acta de inspección del Banco de España amonesta a la entidad por no contabilizar las consecuencias económicas de tres contratos entre Isidoro Beneroso (con el reflrendo del Consejo de Administración) y los tres máximos directivos de la entidad: el director general, Juan Pedro Álvarez, el director general adjunto, Alberto Alonso y el secretario general, José María Giménez.
'Los tres contratos reconoce a los correspondientes titulares el derecho a percibir unas rentas vitalicias, cuando entre otros circunstancias, cada interesado tenga 25 años de servicio cumplido o si experimentan cambios en su situación laboral en el organigrama de la caja'. En una primera evaluación de las consecuencias de estos contratos, la Inspección del Banco de España llega a la conclusión de estarían en torno a los 1.600 millones, de los que la caja ya había provisionado en 2000 la tercera parte.
En su comunicado, El Monte negó que estos contratos (realizados en 1990 y 1999) supusieran ningún 'blindaje' de los directivos y precisó que garantizaban la dotación de los planes de pensiones de los tres directivos en caso de prejubilaciones. 'Por lo demás, los contratos de los tres primeros directivos responden a criterios similares a los de los contratos de alta dirección de la mayoría de las cajas españolas y solamente en uno de ellos existe un compromiso de indemnización de 90 millones de pesetas'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 11 de mayo de 2001