Es evidente que la vivienda es la asignatura pendiente del mercado y de la sociedad de nuestro país: ha subido el 46% en los últimos cuatro años y el 16% en los tres últimos meses, y los alquileres, más de un 22% en tres años en Barcelona.
Estamos pagando los errores políticos y sociales del desarrollismo basado en la especulación inmobiliaria (de vendedores, pero arrastrada por la necesidad de los usuarios) que no supo avanzar hacia un mercado bifronte de propiedad y alquiler como ha ocurrido en otros países de semejantes características.
Como usuarios debemos poner énfasis en la preocupación y condena de la subida, que desborda todos los IPC y arrastra la inflación, y sobre todo refuerza su impacto en la economía familiar, pues recuérdese que este apartado llega en núcleos jóvenes a peligrosísimas cotas del 40% o 50% de los ingresos. Y recordemos que la construcción es la locomotora de la economía del país. Es, pues, un asunto de la máxima sensibilidad social.
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Lo curioso es que, en el actual escenario de deflación de ventas y apunte de orejas del lobo de la desaceleración, el mercado inmobiliario mantiene in crescendo sus cotas. ¿Será la maniobra del caiga quien caiga? ¿De cerrar filas? ¿Será simplemente el pánico al vacío? ¿O el preparar desde los grandes lobbies una plataforma de futuro que se anuncia amenazadora saliendo de un techo como mínimo no peor?
Lo cierto es que la Administración debe reaccionar, pues los usuarios -el silencio de los corderos en un mercado único, grande y libre- poco tienen que decir. Es la Administración la que puede y debe prever antes que curar, y desactivar el alud conteniendo el embalse o dinamitando las crestas peligrosas.
Por ejemplo, facilitando la financiación y construcción de viviendas sociales, pero también de clase media, impulsando la revisión de la catalogación del suelo (evidentemente, impidiendo la especulación oportunista) y, por qué no, premiando y adecuando las herramientas existentes, desde la tributación a la complicación administrativa, pero sobre todo penalizando no únicamente las prácticas, sino también las intenciones de enriquecimiento antisocial. ¿Cómo? No cabría en 30 líneas, ni en una jornada de debate light.
Albert Pons Valón es miembro de la Organización de Consumidores y Usuarios de Cataluña (OCUC).
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 3 de junio de 2001