Villalobos deja en evidencia al Gobierno en la crisis del orujo

Villalobos, que había desaparecido de la escena pública desde que su departamento emitió el martes la alerta sanitaria, compareció ayer en rueda de prensa junto al ministro portavoz, Pío Cabanillas, tras el Consejo de Ministros. Sus argumentos se pueden resumir en dos: primero, que en su departamento prima la seguridad alimentaria sobre cualquier otra consideración; y segundo, que disparó la alerta en el mismo instante en que conoció los análisis de 11 muestras, el martes pasado.

Los problemas con esta versión son tres: primero, que los aceites de orujo, producidos de forma idéntica a los ahora retirados, llevan generalizados en España desde 1997. Segundo, que la presencia de benzopirenos en esos aceites había sido detectada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en enero pasado, y corroborada por el rechazo a una exportación española en la República Checa el 27 de mayo. Y tercero, que el sector estaba en negociaciones muy avanzadas con el Gobierno para eliminar los benzopirenos de su proceso productivo. La ministra dio las siguientes explicaciones sobre estos tres puntos.

Villalobos reconoció abiertamente que el tipo de proceso productivo que genera los benzopirenos en el aceite de orujo lleva implantado tres años en España. Admitió que la comercialización del aceite no suponía un riesgo 'inminente', como exige la legislación para emitir una alerta sanitaria. Añadió: 'No estamos ante ninguna situación de crisis, ni mucho menos'. También dijo que el consumo de ese aceite con benzopirenos durante los últimos tres años no supone 'el más mínimo peligro para la salud'.

'No me consta' La ministra restó importancia o validez a las detecciones previas de benzopirenos. 'No lo conocía, no me consta', dijo respecto a los análisis del CSIC. Esas pruebas fueron realizadas en enero por el jefe del departamento de análisis de los alimentos del Instituto de la Grasa del CSIC, Arturo Cert, y fueron conocidas ese mismo mes por los industriales del sector y por miembros del Ministerio de Agricultura, según confirmó el propio Cert a este diario. Es cierto, sin embargo, que Cert no emitió una notificación formal al Gobierno. Por esta razón, el CSIC señaló ayer: 'El departamento de análisis de los alimentos del Instituto de la Grasa del CSIC no ha elaborado ningún informe sobre el resultado de los análisis realizados en 2001 a petición de las empresas del sector y, en consecuencia, no se ha enviado ningún informe oficial ni oficioso al Ministerio de Agricultura ni a ningún otro departamento del Gobierno'.

Villalobos sí admitió que conocía que la República Checa había rechazado una partida española el 27 de mayo por su alto contenido en benzopirenos. Pero dijo que, para emitir una alerta sanitaria, no basta con tener constancia de un hecho de ese tipo, sino que se precisa tener en la mano un informe de un organismo oficial. Y que ese informe, elaborado por el Laboratorio Arbitral Agroalimentario, sólo llegó a su ministerio el pasado martes, horas antes de emitir la alerta.

Contradicciones Las contradicciones sobre este punto son inextricables. El Ministerio de Agricultura envió esos mismos análisis a Sanidad el 13 de junio. ¿Será que tardaron 20 días en recorrer los 200 metros que separan Atocha del Paseo del Prado? Para colmo, la directora general de Salud Pública, Dolores Flores, había reconocido el martes que Sanidad conoció los análisis de Agricultura a mediados de junio, pero añadió que los había mandado a reconfirmar a sus propios laboratorios, y que esa confirmación le llegó el viernes 29 de junio. La reconfirmación ha desaparecido ahora, porque los análisis que presentó ayer Villalobos eran los originales de Agricultura. Y el viernes 29 se ha transformado en el martes 3. Como no hay regulación legal, el ministerio ha fijado provisionalmente el límite de seguridad para el contenido de alfa-benzopireno en el aceite en 2 partes por mil millones. Agricultura venía considerando normal 25 partes por mil millones. Las 11 muestras del análisis en cuestión arrojaron valores entre 8,2 y 89,4 partes por mil millones. Villalobos decidió con esas 11 muestras inmovilizar todo el aceite de orujo, del que hay en España cerca de 300 presentaciones (marcas blancas, marcas de fabricante, marcas de distribuidor, etcétera).

Las cifras conjuntas de benzopireno y otros hidrocarburos también cancerígenos en exposiciones prolongadas (hidrocarburos aromáticos policíclicos de alto peso molecular) oscilaron, en esas mismas muestras, en torno a las 400 partes por mil millones. Sanidad utiliza para estas mediciones conjuntas un límite de seguridad provisional de 5 partes por mil millones.

En cuanto a la interrupción, mediante una alerta sanitaria, de la avanzada negociación con los industriales, Villalobos admitió que el sector se había ofrecido el lunes pasado a retirar todo el aceite de orujo de los puntos de distribución y venta, en un plazo de veinte días. Pero ese plazo le pareció excesivo a la ministra.

El Instituto de Salud Carlos III, dependiente de Sanidad, ha seguido analizando muestras con posterioridad al martes. Villalobos dio a entender casi todas superan el límite de seguridad utilizado por su ministerio, al señalar que la mayoría de ellas no volverán al mercado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 7 de julio de 2001