La Consejería de Industria delega su responsabilidad en el Estado cuando el Estatuto de Autonomía, en su artículo 31.16, le concede competencias plenas para asegurar el abastecimiento a toda la población. En la Comunidad existen cuatro puntos 'calientes' pendientes de un refuerzo de la red desde hace años, que ahora enfrenta a Iberdrola y ayuntamientos.
Los gobiernos catalán y balear han puesto en práctica su capacidad competencial frente a los problemas de suministro de electricidad. La normativa estatal -ley del sector eléctrico (1997) y real decreto sobre calidad de la distribución (diciembre de 2000)- concede a las comunidades autónomas la potestad para obligar a las compañías eléctricas a conservar en buen estado y reforzar los tendidos para asegurar el suministro a toda la población. Pero la realidad es otra. Cuatro zonas permanecen en este momento en la Comunidad Valenciana pendientes de que Iberdrola construya nuevas redes: El área de Valencia, que mejorará su situación tras el desbloqueo de la subestación de La Punta, la línea Vilanova-Gandia, bloqueada durante 10 años y que solucionaría los apagones del sur de la provincia de Valencia y norte de la de Alicante (hasta Altea), la línea que atraviesa L'Alcoià-Comtat, pendiente de la subestación de Cocentaina, y Elche-Rocamora.
Las inversiones en estas líneas, más de 50.000 millones de pesetas, están anunciadas por Iberdrola y la Generalitat desde hace tres o cuatro años, pero siguen sin resolverse. La eléctrica culpa del desaguisado a los ayuntamientos y organizaciones ecologistas por dinamitar los proyectos y éstos acusan a Iberdrola de descuido y falta de inversiones reales. La Generalitat sólo observa. Y los particulares, afectados por los cortes de luz, sólo encuentran amparo en los tribunales civiles después de un largo proceso judicial. Las administraciones, ya sean central o autonómica, se han demostrado incapaces hasta la fecha de garantizar el servicio o respaldar a los particulares cuando registran pérdidas económicas a raíz de los cortes.
La Generalitat resta importancia a la polémica porque este año ha descendido un 35% la duración de los cortes de luz, aunque ni la Administración ni Iberdrola han facilitado las horas totales, el tiempo medio (el corte inferior a tres minutos no se considera daño), las localidades afectadas, y si se ha indemnizado a los perjudicados. Industria se remite a las inversiones anunciadas por Iberdrola y le pide que 'intensifique el mantenimiento preventivo' de las líneas.
Según reconoce Industria, el gran problema está en la línea Vilanova y Gandia, para cuya construcción se han presentado ocho propuestas distintas, aunque esperan la solución definitiva para septiembre. Este departamento sabe de la negativa de Iberdrola a conceder nuevas altas en la zona ante la imposibilidad material de proporcionarles suministro eléctrico. El Consell dice que la solución está en manos del Gobierno e Ibedrola, pero lo cierto es que la Generalitat es la primera y más directa responsable, según el Estatuto y según la ley del sector eléctrico. 'Corresponde a las comunidades autónomas impartir instrucciones relativas a la ampliación, mejora, y adaptación de las redes e instalaciones eléctricas de transporte o distribución de su competencia, para la adecuada prestación del servicio', dice la ley del sector eléctrico. El artículo del Estatuto de Autonomía es también claro al respecto: la Generalitat tiene competencias '(...) sobre las instalaciones de producción, distribución y transporte de energía. Todo ellos sin perjuicio de lo establecido en el número 25, apartado 1 del artículo 149 de la Constitución', donde se habla de las bases del régimen minero y energético.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 8 de julio de 2001