La propuesta del Gobierno de recolocar a la mitad de la plantilla de Sintel (unos 900 trabajadores) y establecer prejubilaciones y bajas incentivadas para el resto 'supone una base de partida aceptable para resolver el conflicto'. Con esta resolución del comité de empresa, la plantilla inicia una senda de negociación que prevé acabar con el conflicto laboral más sonoro de los últimos tiempos. Sintel cuenta con 1.800 trabajadores, de los cuales 700 están afectados por una regulación de empleo. Para el resto se estudia otro expediente.
Expresiones como 'oscura', empleadas la semana pasada para calificar la oferta del Ejecutivo, fueron sustituidas por otras mucho más esperanzadoras como 'una buena salida'. No obstante, los trabajadores no abandonarán las movilizaciones hasta que se alcance un compromiso con el Gobierno. El plan supone un coste de 29.000 millones. De ellos, 4.000 los abonaría el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Los 25.000 restantes provienen del programa de prejubilaciones.
Once meses sin sueldo Sintel presentó suspensión de pagos hace 11 meses. Desde el pasado 29 de enero, parte de los trabajadores viven acampados en el madrileño paseo de la Castellana. La empresa, antigual filial de Telefónica vendida al empresario Jorge Mas Canosa en 1996, se encuentra en quiebra desde mayo. Comisiones Obreras, mayoritaria en el comité de empresa, envió ayer su propuesta de negociación al Gobierno. También UGT, que cuenta con cuatro delegados, le remitió un escrito coincidente con el de CC OO. El documento incluye una serie de condiciones sin las cuales los sindicatos no aceptarán el plan. La Federación Minerometalúrgica exige que se clarifique cuántos trabajadores se acogerían a la prejubilación y que las bajas incentivadas se reduzcan al mínimo.
Con respecto a los empleos -el Ejecutivo propone recolocar aproximadamente a la mitad en empresas del sector-, CC OO asegura que 'no puede quedar nadie colgado'. Los sindicatos tienen garantizado que los contratos serán indefinidos y que la distribución geográfica de los trabajadores se asemejará a la que mantenían en Sintel, pero quieren concretar las condiciones de las empresas en las que ingresen.
La tercera condición reside en los salarios que se adeudan a los trabajadores (11 nóminas). Ignacio Fernández Toxo, responsable del metal en CC OO, propone recurrir a otras entidades como el ICO (Instituto de Crédito Oficial), además del Fogasa, para pagar estos atrasos.
Aparte de estos aspectos, para los trabajadores de Sintel la noticia ayer estaba en la Fiscalía Anticorrupción. Este órgano se ha querellado contra los ex propietarios de la empresa por su presunta responsabilidad en el hundimiento, según adelantó ayer La Vanguardia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 25 de julio de 2001