Este crédito, que se hará oficial mañana, será gestionado por una sociedad civil formada por los trabajadores y sindicatos de Sintel, que "de manera estimativa" concederá a cada uno de los a los 1.756 empleados de esta antigua filial de Telefónica entre 1,1 y 1,3 millones de pesetas.
Así, los trabajadores cobrarán en los próximos días y a través del BBVA el importe de las 11 nóminas que la empresa les adeuda, según han confirmado fuentes oficiales, que aeguran que esa entidad bancaria actuará como puente y adelantará el dinero hasta que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) "ultime sus gestiones y establezca la cuantía exacta de esa deuda", que los sindicatos cifran unos 2.500 millones de pesetas.
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Una vez que el FOGASA establezca el montante definitivo de esa deuda, se hará cargo de ella para pagarla en efectivo, probablemente la próxima semana.
Ésta era la principal condición impuesta por los trabajadores para abandonar el llamado Campamento de la Esperanza, que levantaron hace seis meses. La cuestión sará tratada mañana por los trabajadores en una asamblea en la sede de CC OO, según ha confirmado el presidente del comité intercentros, Adolfo Jiménez.
Tranquilidad en el campamento
Durante toda la tarde, un rumor ha recorrido el campamento de la Castellana: que el Gobierno iba a pagar las nóminas. A la espera de una confirmación oficial, los trabajadores se apiñaban alrededor de los televisores con los que cuentan en algunas de las chabolas y tiendas de campaña para ver los informativos.
Al conocer la noticia, el campamento ha respirado con alivio, y los trabajadores se han mostrado entre "cautos y alegres". "Con el dinero, que es nuestro, pagaremos las deudas que hemos contraído después de estar casi un año sin cobrar", ha explicado el delegado de UGT en el campamento, Angel Carrasco.
Por su parte, el presidente del comité de empresa de Sintel en la Comunidad de Madrid, Valeriano Aragonés, ha indicado que esta medida es "la primera piedra" para la solución del conflicto.
Los empleados sostienen que el Gobierno debe poner en marcha de "un plan económico y social" para recolocar a "una buena parte de los trabajadores" (entre 800 y 1.000), así como el programa de bajas incentivadas y recolocaciones de otros 500 empleados.
Aragonés ha añadido que, en caso de que los empleados decidan abandonar su protesta, harán una fiesta de agradecimiento. "Tenemos que dar las gracias por lo que ha hecho la gente de Madrid por nosotros, y queremos dejarles la Castellana mejor de como estaba cuando llegamos", ha concluido.
El viernes será probablemente la última noche que pasen en las improvisadas residencias que montaron el pasado 29 de enero en una de las principales arterias de Madrid.