Alberto Fujimori, destituido como presidente de Perú hace nueve meses por el Congreso, podría ser procesado por violar los derechos humanos si el Parlamento aprueba acusarle de ser "coautor" de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta (en 1991 y 1992) y en las que murieron 25 personas.
La acusación constitucional contra Fujimori, refugiado en Japón desde noviembre, fue planteada por una comisión legislativa que, tras una investigación, concluyó que existen indicios razonables de que el ex gobernante conoció y autorizó los crímenes que, según la comisión, deben ser considerados crímenes contra la humanidad.
Los 15 asesinados en Barrios Altos participaban en una reunión social en una vivienda cuando irrumpieron los miembros del grupo militar clandestino Colina y dispararon de forma indiscriminada, y en La Cantuta las 10 víctimas fueron secuestradas en un recinto universitario y después asesinadas y enterradas clandestinamente. Los militares actuaron al sospechar que las víctimas pertenecían la guerrilla Sendero Luminoso.
El congresista Daniel Estrada, presidente del grupo investigador, precisó que los delitos de los que se acusa a Fujimori son "perseguibles universalmente", en referencia a la posibilidad de que el ex presidente, protegido por la nacionalidad japonesa, sea repatriado para su procesamiento en Perú.
[El general Eduardo Fournier criticó ayer al Gobierno por desmantelar la inteligencia militar contra la guerrilla y aseguró que Sendero Luminoso está entrenando a unos 150 menores para engrosar sus filas, informa Efe.]
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 28 de agosto de 2001