El Congreso de Perú acusa a Fujimori de dos matanzas de civiles

Por unanimidad, el pleno del Congreso peruano aprobó el lunes una acusación constitucional contra el ex presidente Alberto Fujimori por los delitos de asesinato, desapariciones forzadas y lesiones graves, a raíz de la muerte de 25 personas entre 1991 y 1992 a manos de un escuadrón de la muerte formado por militares y conocido como Grupo Colina. La acusación, sustentada por Daniel Estrada, presidente de la subcomisión que investigó los casos de las matanzas de Barrios Altos y de la Universidad La Cantuta, constituye el primer paso para solicitar la extradición de Fujimori.

Estrada precisó que Fujimori es "coautor" de las matanzas ocurridas en el distrito de Barrios Altos, donde murieron 15 personas (entre ellas un niño de siete años) en noviembre de 1991, y de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, el 18 de julio de 1992. Estos hechos constituyen "crímenes de lesa humanidad, y como delitos internacionales son perseguibles universalmente", dijo Estrada. El informe presentado ante el Congreso señala que Fujimori estableció "una política encubierta de implantación de un programa de violación sistemática de derechos humanos, como parte de la estrategia contra la subversión".

Y agrega que en ese contexto nació un comando de aniquilamiento clandestino que estuvo integrado por 35 militares, a los que se dotó de material logístico y recursos para realizar sus actividades bajo mando directo de Vladimiro Montesinos, el más cercano asesor y socio durante los 10 años que Fujimori permaneció en el poder. Estrada señaló que no puede haber pruebas documentales de que el ex presidente ordenara ejecutar las matanzas de los 25 civiles, porque estos hechos formaban parte de operaciones secretas de inteligencia. Sin embargo, presentó otras pruebas documentales, como un memorando en el que Fujimori recomienda en 1991 el ascenso de los miembros del Grupo Colina.

Fujimori incluso felicitó al mayor Santiago Martín Rivas, ex jefe operativo del Grupo Colina, y a su lugarteniente, Carlos Pichilingue, por prestar "eficiente servicio de defensa a los altos valores de la democracia y de la seguridad nacional". "Aquí está la prueba de que el ex presidente Alberto Fujimori sabía que Martín Rivas y demás participaban de este grupo supuestamente clandestino", mantuvo el presidente de la subcomisión. Estrada también recordó que Fujimori aprobó una ley de amnistía a favor de Rivas y el resto de su grupo de aniquilamiento en 1995.

Ésta es la segunda acusación constitucional contra el ex mandatario. En febrero pasado fue acusado por el Congreso de "abandono del cargo e incumplimiento de deberes de función", tras su fuga del país con destino a Japón a raíz del descubrimiento de cuentas millonarias y sobornos filmados a sus colaboradores y opositores que tenían como principal protagonista a Montesinos.

Si Fujimori se negara a comparecer ante las autoridades, se formalizaría una orden de captura en su contra. Si la justicia lo encuentran culpable, iniciará los trámites para su extradición. El Gobierno japonés informó de que no extraditará a Fujimori, que es ciudadano nipón.

Al respecto, el presidente peruano, Alejandro Toledo, dijo ayer que su país pretende tener buenas relaciones con la nación asiática, pero considera que el procesamiento de Fujimori y una eventual petición de extradición no son negociables. "No hay canje" al respecto, dijo, e insistió en que Fujimori debe regresar por sí mismo para afrontar las acusaciones en su contra.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 29 de agosto de 2001