Los jueces de Madrid han decidido crear una nueva oficina de subastas judiciales cuyo objetivo es, entre otros, dar la puntilla a la mafia de los subasteros (el grupo de personas que acapara los pisos baratos que licitan los jueces tras serles embargados a sus dueños por impago de la hipoteca). A partir de ahora serán el dueño del bien embargado y su acreedor quienes decidan si el piso lo subasta el juez, una empresa privada o agentes del Colegio de la Propiedad Inmobiliaria. Lo que se pretende es evitar que el inmueble se malvenda y que sus réditos sean para los subasteros.
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El juez decano de Madrid, Fernando Fernández Martín, promotor y artífice del nuevo servicio, explica que la actual Oficina Regional de Subastas de los juzgados seguirá desarrollando su labor (dar publicidad a las viviendas que salen a subasta), pero quedará dentro del organigrama del nuevo Servicio Común de Subastas Judiciales.
La citada oficina regional funciona desde hace seis años en los juzgados de la plaza de Castilla. Su labor ha sido informar a los ciudadanos sobre los pisos que los jueces van a subastar (ubicación, tasación, precio de salida del bien...). Aunque por ella han desfilado miles de ciudadanos pidiendo información sobre cómo participar en las pujas de los pisos baratos, el porcentaje de personas que finalmente han logrado esquivar a los subasteros y adjudicarse una vivienda es muy exiguo, admiten fuentes judiciales.
De ahí la nueva iniciativa antisubasteros impulsada por el todavía juez decano de Madrid, quien en breve abandonará su puesto para ocupar otro como vocal del Consejo General del Poder Judicial. Esta iniciativa dispone ya del visto bueno de sus compañeros y del respaldo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Para esta tarea, el decanato va a habilitar varios despachos anexos a la actual sede de la Oficina Regional de Subastas, a la que se accede por una puerta situada a la izquierda de la entrada principal de la sede general de los juzgados de la plaza de Castilla.
Los magistrados enviarán a las dependencias del nuevo servicio los datos de los pisos embargados para que ponga en marcha los trámites de la subasta. Tanto al acreedor como al deudor o dueño del piso se les ofrecerán tres opciones: que el inmueble quede en manos de una empresa privada y que ésta lo subaste (siempre bajo supervisión del juez); que la subasta la efectúe el propio juez que tramita el embargo, tal como se hace ahora; o que se hagan cargo de la venta agentes de la propiedad inmobiliaria. El mismo proceso se seguirá también para bienes muebles (joyas, coches o enseres embargados).
Empresas privadas
El decanato ha mantenido contactos con el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria para que sean sus profesionales los que, en su caso, se encarguen de estas gestiones. Asimismo, cuatro empresas privadas se han ofrecido al decanato para encargarse de la venta de los pisos que embarguen los jueces. Se trata de Gesinar, European, Realía y Segipsa; esta última, de carácter semipúblico.El juez decano vaticina que este nuevo servicio será 'el principio del fin de los subasteros'. Además, opina Fernández, el nuevo servicio generará otras ventajas: 'evitará que los juzgados efectúen tareas no procesales', lo que permitirá a los jueces dedicar más tiempo a los asuntos. Además, garantizará una mayor publicidad de los pisos, lo que, previsiblemente, impedirá que se malvenda una vivienda. Y, paralelamente, ofrecerá al ciudadano 'una orientación jurídica completa' sobre lo que debe hacer si quiere pujar por un piso.
Los jueces creen que este sistema sí acabará con el multimillonario negocio que han tenido los subasteros en los últimos 20 años. Estas personas han acumulado fortunas adjudicándose pisos baratos en los juzgados sin hacerse competencia entre ellos. Antes de celebrarse la subasta frente al juez, estos profesionales de la puja se reúnen en bares cercanos a los juzgados y convienen qué pisos se quedan unos y otros, sin hacerse competencia. Si por casualidad aparece por el juzgado un advenedizo, pujan al alza para que desista o lo amedrentan.
La Audiencia de Madrid sentó en el banquillo, hace siete años, a 40 subasteros por delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas. Entre ellos había funcionarios judiciales compinchados. La Audiencia condenó a cárcel a la mitad de ellos, pero una sentencia posterior del Supremo absolvió a casi todos. Muchos de aquellos subasteros siguen aún merodeando por los juzgados.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 9 de septiembre de 2001