El juez decano de Madrid, Fernando Fernández, está convencido de que el mejor modo de no malvender un piso es encargar la gestión de la subasta a una empresa privada, aunque siempre bajo supervisión judicial.
El 22 de septiembre del año pasado, Fernández convenció a sus colegas para efectuar una experiencia piloto de subasta privada de pisos embargados. La experiencia, que también contó con el respaldo de los bancos (acreedores de casi todos los pisos embargados), fue un éxito, según el juez decano.
Las conclusiones sobre aquella experiencia son las siguientes, según un informe del juez decano: 'De los 33 lotes [de casas] que se subastaron, la agilización de la venta llevó a 11 deudores [dueños del bien embargado] a regularizar el pago antes de la subasta'. Es decir, los morosos, al ver la rapidez con que se iban a subastar sus pisos, pagaron los plazos de hipoteca que adeudaban y evitaron la subasta.
Estos 33 lotes se subastaron sólo '110 días después de que el acreedor presentase la demanda en el juzgado', cuando con el método tradicional los jueces suelen tardar en subastar un piso en torno 'a 420 días', según el informe, que revela que gran parte de los pisos no se malvendió. Cuatro de ellos se enajenaron por encima de 'su valor de tasación', mientras que el resto se adjudicó 'un 18% por debajo del citado valor'. Para el decano, este dato es positivo, ya que, con el anterior modelo, 'lo normal es que un piso se vendiese un 60% por debajo de su valor de tasación'.
Si se malvende un piso, los perjudicados son tanto el acreedor como el deudor, sostiene Fernández. 'Hay veces en que el deudor ha pagado más de la mitad del piso y el banco se lo embarga porque ha dejado de abonar las últimas mensualidades. Al banco sólo le interesa recuperar el resto del crédito. Por tanto, si el piso se vende a un precio razonable, el banco podrá cobrar lo que reste de crédito y el deudor embolsarse los que sobre', opina el juez decano.
Por otra parte, Fernández ha sido propuesto por la Asociación Profesional de la Magistratura para ocupar un puesto de vocal del Consejo General del Poder Judicial. Por lo que, previsiblemente, abandonará el decanato a finales de este mes, lo que dará lugar a un nuevo periodo electoral para elegir a su sustituto.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 9 de septiembre de 2001