Berlusconi logra la aprobación de leyes que dificultan la investigación sobre sus intereses

Dicho y hecho. El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, prometió durante la campaña electoral de la pasada primavera que resolvería en los primeros cien días de Gobierno los problemas de incompatibilidad derivados de su posición de gran patrón de la televisión privada. Y lo ha hecho. En el plazo de apenas 72 horas, la semana pasada, el Gobierno de centro-derecha aprobó un proyecto de ley que regulará el conflicto de intereses del Cavaliere, y el Parlamento se dispone a dar luz verde a dos leyes que le afectan directamente: una despenaliza prácticamente las falsificaciones contables en las empresas y la otra pone obstáculos serios al acuerdo firmado con Suiza sobre las rogatorias judiciales.

Son tres iniciativas que han suscitado las iras de la oposición, pero que han pasado casi inadvertidas al gran público al servirlas en un contexto internacional prebélico, que el propio Berlusconi se ha encargado de complicar un poco más con sus desafortunadas declaraciones sobre la "superioridad de la cultura occidental" frente al islam. El primer ministro convocó ayer a los embajadores árabes y musulmanes para aclarar su postura al respecto y decirles que el islam "es una gran religión".

La nueva ley sobre las rogatorias, que está pendiente únicamente del voto final del Senado, incluye dos normas calificadas de "obscenas" por un experto jurista italiano. Una hace la aplicación retroactiva; la otra, exige que los certificados de los bancos suizos, con los movimientos sospechosos de capital, sean autentificados por una autoridad, algo que Suiza no ha aceptado jamás.

Los diputados del Olivo, de centro-izquierda, han denunciado un procedimiento que convierte prácticamente en papel mojado la investigación de los jueces milaneses sobre las cuentas dobles de Fininvest, holding de empresas de Berlusconi, basada en las rogatorias procedentes de Suiza. Francesco Rutelli, líder de la coalición de centro-izquierda, ha subrayado además que la ley va a contracorriente de los nuevos tiempos, porque una vez en vigor hará casi imposible seguir la pista al dinero negro que manejan los grupos terroristas.

No menos polémica ha sido la aprobación, el viernes pasado en el Senado, de una ley que modifica el derecho societario italiano y rebaja sensiblemente las penas por el delito de falsificación contable. Según el portavoz del Partido de los Demócratas de Izquierda en la Cámara alta, Gabino Angius, dicha ley cambiará de plano la situación judicial de Silvio Berlusconi en tres procesos que el primer ministro tiene todavía abiertos. Se trata del caso All-Iberian -sociedad ubicada en paraísos fiscales-, el proceso SME -sobre irregularidades en la compra de una industria alimentaria- y una tercera compra sospechosa, la de un futbolista del club de fútbol Milan. "Usufructuando su posición, el jefe del Gobierno obtiene la prescripción de los delitos por los que era procesado", declaró Angius en el Senado, donde varias señorías estuvieron a punto de llegar a las manos con senadores de la oposición.

Imperio económico

Con todo, la más original de las medidas adoptadas por el Gobierno de centro-derecha que afectan a su presidente es la que regulará el conflicto de intereses. Una vez rechazada de plano la opción de vender su imperio económico (lo que le habría hecho escalar varios puestos en la lista de los hombres más ricos del mundo, en la que está ya bien situado) y arrinconada la posibilidad de nombrar un blind trust (un patronato ciego, es decir, presidido por personas sin relación con Berlusconi), quedaban pocas alternativas. La propuesta avanzada por el ministro de la Función Pública, Franco Frattini, y aprobada la semana pasada por el Gobierno, contempla la creación de una autoridad específica que se ocupe de supervisar todas las acciones del Ejecutivo para comprobar que no favorecen los intereses de su jefe.

Giovanni Berlinguer, candidato a la presidencia del principal partido de izquierdas, el de los Demócratas de Izquierda, ha sido el primero en señalar que los miembros de esa nueva institución tendrán trabajo acumulado apenas tomen posesión de sus cargos porque las dos leyes arriba mencionadas son un "ejemplo claro de conflicto de intereses". De momento, Berlusconi no parece inquieto porque el nombramiento de estos jueces especiales lo harán los presidentes de la Cámara y del Senado, Pierferdinando Casini y Marcelo Pera, hombres de su coalición, la Casa de las Libertades.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 3 de octubre de 2001