El fiscal Anticorrupción Carlos Castresana ha solicitado al juez Baltasar Garzón que se dirija a los tribunales italianos para que valoren la pertinencia de procesar al jefe del Gobierno, Silvio Berlusconi, por los delitos que se le imputan en España. La otra posibilidad que ve el fiscal para conciliar los "intereses en conflicto" sería que Italia renuncie a la inmunidad penal de su jefe de Gobierno para que éste sea juzgado en España. Castresana estima que la inmunidad de Berlusconi no puede desembocar en una "impunidad inmerecida".
El fiscal Anticorrupción recuerda en un escrito dirigido al juez Baltasar Garzón que el hoy primer ministro italiano tiene abierto un proceso en la Audiencia Nacional desde julio de 1997 por supuestos delitos contra la Hacienda pública y falsedad contable y documental continuada, que se le imputaron por su gestión como principal accionista de la cadena de televisión Tele 5.
El escrito de la Fiscalía Anticorrupción responde a una solicitud de la defensa de Berlusconi en España, que pidió al juez instructor el sobreseimiento y archivo del caso, alegando la inmunidad penal del primer ministro italiano.
Castresana reconoce en su escrito que "la costumbre internacional tiende hoy a reconocer al jefe del Gobierno un estatuto de inmunidad equivalente al de los demás representantes de un Estado frente a otro Estado u organización internacional". Así se desprende del Convenio de Nueva York de 1973, que dispensa a los jefes de Gobierno la misma protección que a los jefes de Estado y a los ministros de Asuntos Exteriores".
En el presente caso, Berlusconi asume la segunda más alta representación de la república italiana, después de la que corresponde al presidente de la república. "Mientras desempeñe dicha función, el referido imputado no puede ser sometido a juicio en España", explica el fiscal, ya que uno de los límites a la jurisdicción penal lo constituye el respeto a la soberanía de los otros Estados.
El fiscal considera que "procede reconocer al imputado señor Berlusconi la inmunidad de jurisdicción penal ante los tribunales españoles". Pero, añade, "el reconocimiento de la inmunidad no puede desembocar en una impunidad inmerecida" porque "ese no es el resultado pretendido por el ordenamiento jurídico internacional ni por el español".
Por tanto, la inmunidad que cabe reconocer a Berlusconi es la que tienen los actos realizados en el ejercicio de sus funciones oficiales, pero no le exime de los actos ajenos a su función.
Según el fiscal, debe conciliarse el respeto a la soberanía italiana, que quedaría vulnerada si Berlusconi es sometido a juicio ante un tribunal de otro país mientras preside el Consejo de Ministros de Italia, con el respeto a la soberanía del Estado español, en el que la acción penal es manifestación del principio de legalidad.
Para ello, el ordenamiento jurídico internacional ofrece dos posibilidades: o bien la república italiana renuncia expresamente a la inmunidad de su actual jefe de Gobierno, permitiendo que sea juzgado en España; o bien la pretensión punitiva y de resarcimiento se traslada a los tribunales italianos para que el imputado responda ante ellos, como contempla el artículo 31.4. de la Convención de Viena.
Entretanto, el procedimiento en España debe quedar suspendido respecto a Silvio Berlusconi, hasta que la república italiana se pronuncie acerca de la renuncia a la inmunidad o el enjuiciamiento de los hechos ante los tribunales italianos. Hasta entonces, el fiscal cree que el caso Tele 5 no debe "sobreseerse", sino quedar en suspenso.
En otro apartado del escrito, Castresana recuerda que a Berlusconi se le imputa una defraudación tributaria continuada en las empresas que controlaba "que supera en conjunto más de 13.500 millones de pesetas", así como dar información falsa a los organismos estatales de control de televisión para evitar la revocación de la concesión administrativa, mientras se vulneraban los límites accionariales permitidos mediante sociedades interpuestas y movimientos de capitales en paraísos fiscales.
Suplicatorios sin objeto
El escrito de Castresana recuerda que el suplicatorio dirigido por el juez Baltasar Garzón al Parlamento europeo para levantar la inmunidad del eurodiputado Berlusconi quedó paralizado durante los siete meses que la Administración española tardó en responder a una consulta de la presidenta del Europarlamento, Nicole Fontaine.
En la actualidad, los suplicatorios para proceder contra Berlusconi dirigidos al Consejo de Europa y al Parlamento de Estrasburgo "han quedado sin objeto sin haber llegado a ser tramitados". El suplicatorio para proceder contra Marcello Dell'Utri, encausado junto a Berlusconi, está en trámite en la Cámara europea.
Fuentes jurídicas indicaron anoche que si la Audiencia Nacional aceptase finalmente la petición de Anticorrupción, corresponderá al Gobierno español su tramitación ante las autoridades italianas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 27 de septiembre de 2001