El Gobierno de Estados Unidos está dispuesto a compartir con las compañías de seguros los costes derivados de reclamaciones en caso de futuros atentados terroristas, según una propuesta presentada ayer en el Congreso por Paul O'Neill, secretario del Tesoro. Los contribuyentes cubrirían el 80% de los primeros 20.000 millones de dólares el próximo año y las aseguradoras se encargarían del resto.
La Casa Blanca trabaja con sus abogados para evitar que las pérdidas provocadas por los ataques del 11 de septiembre -las mayores de la historia- no dejen sin cobertura a las empresas. La mayoría de las aseguradoras ya han advertido de que cubrirán los daños contra la propiedad en caso de terrorismo. La ausencia de esta protección pone en peligro al conjunto de la economía, porque será más difícil obtener créditos o inversiones para construir edificios.
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* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 25 de octubre de 2001