El viceministro argentino de Economía, Daniel Marx, anunció ayer una prórroga hasta el 30 de noviembre del plazo que concluía este viernes para canjear títulos de deuda por préstamos garantizados con los ingresos fiscales. Ese aplazamiento se ha producido al tiempo que el viceministro reconocía que el canje está generando "un gran nivel de inquietud" entre los tenedores de bonos y en medio de una fuerte subida de la tasa de riesgo del país, que supera los 3.000 puntos básicos.
El Gobierno de De la Rúa ha encargado a tres bancos extranjeros que ejecuten la reestructuración de su deuda internacional. Las firmas elegidas son Merrill Lynch, Deutsche Bank Alex Brown y Salomon Smith Barney.
"Señor presidente: lidérenos, sáquenos de esta crisis". Con esta consigna por delante, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Ignacio de Mendiguren, considerado en los ambientes políticos como el probable sucesor de Domingo Cavallo al frente del Ministerio de Economía en el corto plazo, entregará hoy al jefe del Estado, Fernando de la Rúa, las conclusiones de la séptima Conferencia Industrial, que ha convocado a participar en sus debates a dirigentes de todos los sectores económicos, académicos y sindicales, y a los líderes políticos. La UIA propone un "pacto nacional" para aplicar políticas y tomar decisiones basado en los acuerdos de posguerra en Italia y los Pactos de La Moncloa firmados en España.
La necesidad de algún tipo de "acuerdo", "pacto de gobernabilidad" o "de convocatoria a la unión nacional" es defendida por la oposición y los dirigentes sociales y empresariales. Una salida apuntada mientras todos los indicadores ruedan hacia el abismo y la tasa de riesgo del país alcanza cifras récord. Los ingresos por recaudación de impuestos se reducirán otros 500 millones de dólares en noviembre, y la meta del déficit fiscal cero no podrá cumplirse porque al pasivo previsto, reconocido y admitido para este año, se le sumarán unos 1.000 millones de dólares adicionales en diciembre.
Cavallo ha anunciado un recorte de otros 3.800 millones de dólares en el proyecto de presupuesto de 2002 que debe tratar el Congreso. Ello ha provocado que el poderoso sindicato de maestros se disponga a levantar nuevamente una carpa blanca frente al Parlamento si se confirma que la rebaja elimina la paga extraordinaria con la que el Gobierno había solucionado el conflicto crónico al comienzo de su gestión hace dos años.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 22 de noviembre de 2001