La decisión de irse de casa, huyendo de un marido guardia civil que le causa "pánico", va a costarle a Verónica Sofía Hernández Suira, de 27 años, apretarse el cinturón al menos hasta que se dicte sentencia de divorcio. Madre de dos hijas de 9 y 7 años y de un niño de 3, el juez que tramita la denuncia por malos tratos y, al mismo tiempo, la demanda de divorcio, le ha asignado una pensión de 30.000 pesetas. Verónica vivía en la casa cuartel de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) y ahora debe pagar un piso de alquiler y mantener a los niños.
Las denuncias por malos tratos presentadas por Verónica Sofía Hernández en el cuartel de la Guardia Civil en Bolaños de Calatrava llevan fecha de 12 de octubre y 2 de noviembre de 2001, más otra del pasado día 8 ante la Guardia Civil de Navalcarnero (Madrid), pero la joven madre no es la primera vez que ha intentado alejarse de su marido. Lo hizo en 1995 con una separación judicial. Entonces tenía sólo dos hijos y las circunstancias la forzaron a reanudar la convivencia marital a los nueve meses de la separación. Su abogado, Ramón Nozal González, enumera las circunstancias que provocaron aquel retorno al hogar, en este caso la casa cuartel de Bolaños: la falta de empleo, la presión social y familiar, quizás su inmadurez, pues en aquellos momentos tenía 21 años.
Las denuncias presentadas ahora por Hernández aluden a un caso de malos tratos, que la mujer resume en diligencias muy antiguas [la primera denuncia es de hace ocho años] y que recogen insultos, aislamiento familiar, amenazas con un arma y asfixia económica. En la última denuncia, de hace 27 días, presentada en Navalcarnero, adonde se ha ido a vivir con los hijos a un piso por el que paga 60.000 pesetas mensuales, se dice que "su actual marido la llama tres o cuatro veces al día por teléfono para amenazarla de muerte, así como al resto de su familia".
"Al menos por ahora"
El auto por el que el juez de primera instancia e instrucción de Almagro, Eduardo Luis González de Campillo Cruz, decidió el pasado día 17 las medidas provisionales previas al divorcio, no entra en el fondo de esas denuncias de malos tratos -el mismo juez tiene abierto un procedimiento penal en diligencias previas-, pero sí asegura que las hijas mayores del matrimonio "han mostrado su falta de deseos de permanecer con su padre" aunque no exista "en autos prueba alguna de que el padre maltrate física o psíquicamente a sus hijos".
Al decretar el turno de visitas, el juez opina que no deberían surgir problemas "a poco que los dos esposos, por el beneficio de sus hijos, pongan interés en que no se produzcan hechos que puedan perjudicar la crianza de aquéllos". El juez argumenta su decisión de adjudicar a la mujer sólo 30.000 pesetas en que la pareja rota está llena de deudas -compra de un piso y de electrodomésticos a plazos-, de forma que al cabo de la Guardia Civil, después de hacer frente con su sueldo de 176.849 pesetas mensuales a esas hipotecas, sólo le quedan 45.000 pesetas para repartir con la esposa.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 26 de noviembre de 2001