La Casa Blanca trató ayer de reducir la inquietud despertada por la creación de tribunales militares secretos para juzgar a extranjeros sospechosos de terrorismo. "Los tribunales aún no están constituidos, y sólo se utilizarán en algunos casos, o quizá en ninguno", dijo Ari Fleischer, el portavoz presidencial. Sin embargo, el propio presidente George W. Bush justificó horas más tarde los juicios castrenses. El fiscal general, John Ashcroft, anunció una nueva fórmula para conseguir información sobre las redes terroristas: quien ofrezca pistas obtendrá un visado de larga duración para residir en Estados Unidos.
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Tras la intervención mesurada del portavoz presidencial, el presidente se encargó de volver a tensar el cable: "Estamos hablando de combatientes ilegales que buscan destruir nuestro país; si creo que conviene a nuestros intereses nacionales, recurriré a esos tribunales", declaró.
En un discurso ante una convención de fiscales federales, Bush definió como "agresiva" la investigación lanzada por Ashcroft tras los atentados del 11 de septiembre. Esa agresividad se plasma en una nueva versión de la estrategia del "palo y la zanahoria". Los extranjeros que cooperen con el FBI, en Estados Unidos o en cualquier otro país, se verán premiados con un visado de tres años de la categoría S, una de las más codiciadas, y podrán aspirar fácilmente a la ciudadanía.
Esa es la "zanahoria". Ante los aproximadamente 5.000 inmigrantes musulmanes que la policía estadounidense ha empezado ya a interrogar, se dibuja esa opción o la inversa, la del "palo": quienes se muestren reticentes a cooperar y muestren la más mínima irregularidad en sus documentos, serán arrestados y pasarán a formar parte de los 600 detenidos anónimos que permanecen en prisión de forma ilimitada.
"Si dispone usted de información fiable y útil para prevenir acciones terroristas y detener a quienes las organizan, acuda al FBI o, si está en el extranjero, a una embajada, y puede encontrarse con que esa simple acción le proporciona un visado que le permitirá residir en los Estados Unidos y trabajar en los Estados Unidos, y será la base para que algún día se convierta usted en ciudadano", explicó Ashcroft ante las cámaras de televisión.
"Para muchos, un visado de categoría S vale más que el oro", comentó el fiscal general, "y eso me hace pensar que la iniciativa tendrá éxito".
Simultáneamente, Ashcroft envió una circular a todos los fiscales del país, para recordarles que, en lo referente a los interrogatorios de 5.000 inmigrantes recientes, "las órdenes de detención se manejarán de la misma forma que en los casos anteriores relacionados con la investigación del 11 de septiembre".
Eso significa que la policía podrá amenazar a los interrogados con un tipo de detención que afecta ya a más de 600 personas y cuyas características son extraordinarias: no se hace público el nombre del detenido ni el lugar en que se encuentra, ni hay plazo máximo para la presentación ante el juez; incluso si un juez ordena la puesta en libertad, la policía puede hacer caso omiso.
"Parece que aunque Ashcroft habla de declaraciones voluntarias y dice que los integrados en la lista no son sospechosos, nos encontramos ante una típica investigación criminal y, además, consideramos sospechosos a los presuntos testigos", comentó Imad Hamad, director regional del Comité Árabe-Americano contra la Discriminación.
La dureza de Ashcroft parece bien acogida por los estadounidenses y suscita entusiasmo en la Casa Blanca. Bush calificó ayer de "héroe" a su fiscal general, y justificó las medidas extraordinarias por el hecho de que los Estados Unidos "están en guerra". El portavoz presidencial Fleischer, declaró que Bush consideraba que Ashcroft está realizando "un trabajo excelente", y subrayó el apoyo popular a sus medidas.
"Un senador demócrata intentó el miércoles poner a votación una propuesta que habría impedido financiar los juicios militares, pero su propio partido se lo impidió, porque la propuesta habría sufrido una tremenda derrota y, además, el público la habría rechazado", comentó Fleischer, para quien la elevada popularidad de Bush demuestra que "ninguna libertad fundamental" está siendo vulnerada.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 30 de noviembre de 2001