Las comunidades socialistas mantienen reticencias al traspaso sanitario, que el Gobierno quiere cerrar el próximo 31 de diciembre, por discrepancias con el Ministerio de Hacienda sobre las dotaciones económicas. El Ejecutivo aragonés, por ejemplo, teme que el Gobierno le castigue dejándole fuera del sistema de financiación pactado si se opone a recibir el traspaso sanitario con las cuentas del Ministerio de Hacienda.
La ministra se Sanidad, Celia Villalobos, agitó ayer este debate con sus declaraciones en Zaragoza: "Tengo el convencimiento de que los que protestan no son conscientes de que el nuevo modelo de financiación autonómico marca una relación diferente entre el Gobierno central y las comunidades autónomas y que marca el reparto de competencias y de corresponsabilidad en la Hacienda pública y los impuestos. Está en la Constitución, en los estatutos, y eso es un Estado descentralizado. En sanidad, el modelo de financiación es cerrado. La particularidad es que necesitan tener la sanidad para que se aplique el nuevo modelo de financiación. No es amenaza, ni chantaje. Tienen que recibir la sanidad antes del 1 de enero de 2002", señaló.
Después, la ministra explicó: "Comparto al cien por cien la enmienda planteada por el ministro de Hacienda [que vincula la aplicación del nuevo modelo de financiación al cumplimiento de los requisitos del mismo]. Casi podría decir que se la he pedido yo. Igual que me siento yo con el ministro de Hacienda para plantear qué es lo que entendemos desde el Ministerio de Sanidad, yo le sugiero al consejero de Sanidad que se siente con su consejero de Hacienda y la pregunte cómo ha ido esa negociación".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de diciembre de 2001