Las empresas españolas temen que Argentina les haga pagar la crisis

Las empresas españolas temen ser el chivo expiatorio de la gravísima crisis que atraviesa Argentina. La impresión de que el Gobierno de Eduardo Duhalde está decidido a demonizar a los sectores financiero y de servicios, en los que España ocupa una posición predominante, crece minuto a minuto. "Parece que las únicas inversiones extranjeras en Argentina son las españolas. Nadie habla del primer inversor, Estados Unidos, ni de la inversión francesa, alemana o italiana", lamentaba ayer un asesor de empresas españolas. La banca, por su parte, teme el efecto de la conversión de los créditos a pesos.

El panorama que describen los banqueros españoles ante el plan económico que pretende aprobar el Gobierno es aterrador. "Están proponiendo que quiebre todo el sistema. En otras palabras, que no cuadren los activos y los pasivos. Plantear dos tipos de cambio, convertir a pesos sólo una parte de las deudas y las demás medidas heterodoxas que tienen en cartera es simplemente insostenible", decía una fuente del sector. Ni el presidente ni ningún miembro de su Gabinete se ha reunido hasta ahora con representantes de los bancos.

"No nos atienden. El ministro de Economía nos dijo simplemente: 'Oportunamente ya les vamos a llamar", confesó la referida fuente. El único contacto semioficial fue la reunión que mantuvo el viernes el presidente del Banco Central, Roque Maccarone, con los responsables del BankBoston, Banco de Galicia, Banco Río (BSCH) y Banco Francés (BBVA). "No tenía idea de las medidas que prepara el Gobierno", señaló una fuente próxima a los asistentes.

[Sin embargo, el secretario de Estado de Comercio y Turismo, Juan Costa, aseguró ayer a Efe que el Gobierno argentino se ha comprometido con el Ejecutivo español a reanudar el contacto con las empresas de capital español presentes en su país la próxima semana.]

Un asesor de empresas españolas sostiene que la principal preocupación del Gobierno es la movilización en la calle. "Están actuando en función del cacerolazo. Y con las nuevas medidas habrá dos grandes perjudicados: los intereses españoles y los endeudados en dólares. Estos últimos incluyen los créditos hipotecarios, las pequeñas y grandes empresas, que tendrán que pagar en dólares a un tipo de cambio que no será de 1,40 pesos por dólar (sólo aplicable para el comercio exterior), sino al tipo de dólar paralelo, que estará como mínimo en 1,82 pesos. A estas empresas se les va a duplicar su pasivo en pesos, mientras que sus ingresos en pesos se van a mantener, con una reducción del consumo. "Esto significa, en pocas palabras, una quiebra generalizada de las empresas, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo", pronostica la misma fuente.

La conversión a pesos de los créditos de hasta 100.000 dólares (casi 110.000 - ) complica a los bancos, que esperaban la restitución de los préstamos en dólares, para, a su vez, reintegrar los depósitos en dólares, severamente maltrechos por la fuga de capitales previa al 1 de diciembre. Los bancos tienen créditos otorgados en dólares, las empresas tendrán que restituirlos a un cambio que puede llegar a superar los dos pesos por dólar. ¿Cómo harán? ¿Cómo hará el ciudadano que tiene un préstamo hipotecario de 300.000 dólares con una cuota mensual de 5.000 dólares, que eran 5.000 pesos, y que ahora se convertirá en 10.000 pesos al mes? "El deudor hipotecario en muchos casos dirá que no puede pagar, y empezarán los pleitos de dos o tres años, que si se producen a gran escala convertirá un problema del deudor en un problema del acreedor. Puede llegar a ser un callejón sin salida".

Para compensar a los bancos por las pérdidas de la pesificacion de los créditos en dólares, el plan del Gobierno propone la emisión por parte del Banco Central de un bono que tendría como garantía un nuevo impuesto a las exportaciones de carburantes, en torno al 25%. Al precio actual de 21 dólares el barril, el monto que el Gobierno confía recaudar con este nuevo impuesto es de 1.000 millones de dólares.

Transferencia de recursos

"Se trata, lisa y llanamente, de una transferencia de recursos del sector petrolero al sector bancario. En la situación que vive el sector de hidrocarburos, la medida implicará el cierre de pozos y pérdida de fuentes de trabajo en zonas que requieren fuerte inversión para que sean productivas, como las provincias periféricas de Santa Cruz, Río Negro y Chubut", indicó una fuente de Repsol. En este caso, la queja por la falta de diálogo con el Gobierno está en primer plano. "Nos dejan fuera de la pista". "Somos conscientes de que las reglas de juego son absolutamente distintas. Se han retenido los depósitos, hay una rebelión social, hemos tenido cinco presidentes en dos semanas y una crisis fenomenal. Evidentemente, no podemos reclamar que la situación sea la misma que antes. Todos tenemos que colaborar y nosotros estamos dispuestos a colaborar. Pero no se puede pretender que ahora sólo haya un ganador", indica.

Todas las fuentes consultadas coinciden en que la apuesta del Gobierno es que paguen el coste de la crisis las empresas privatizadas y las petroleras. "No es una revancha, simplemente buscan a los que tienen dinero. Es obvio que el sector agrario está muy mal, a pesar de que la última cosecha ha sido excelente". Repsol aporta al Estado 3.500 millones de dólares al año, y sus exportaciones del año pasado fueron de 2.200 millones de dólares, en torno al 50% de las de todo el sector petrolero.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 6 de enero de 2002