Un total de 35 localidades de distintas provincias argentinas fueron ayer el escenario de un nuevo estallido social durante el que miles de argentinos, furiosos por no poder retirar sus ahorros, se lanzaron contra las sucursales bancarias. Unos cinco mil comerciantes, productores y pequeños empresarios apedrearon ayer sucursales bancarias en Casilda, al sur de la provincia de Santa Fé.
La policía reprimió a los manifestantes con bombas de gases lacrimógenos y disparos de balas de goma. En La Plata, al sur de Buenos Aires, un grupo de desconocidos incendió tres cajeros automáticos de una sucursal del Banco de Galicia.
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Protestas similares, aunque sin signos de violencia, se produjeron también en las localidadesde Armstrong, Cañada de Gómez, Firmat y Chabas, todas en la provincia de Santa Fe. En Jujuy, en el norte del país, oficinas de al menos tres bancos fueron destruidas durante una manifestación de trabajadores estatales para reclamar el pago de sueldos adeudados por las autoridades provinciales y protestar por el corralito financiero.
El secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández, reconoció ayer que "la gente no puede más, hay que prestarle atención a todos aquellos que confiaron en el sistema financiero, con ellos no se puede joder más".
El corralito que encadena a los clientes de los bancos junto a sus ahorros y depósitos de los que no pueden disponer libremente, asfixia la economía argentina. La Bolsa lleva ya siete días sin operaciones. El mercado de compraventa de cereales está prácticamente paralizado porque no hay precios de referencia. La entrada y salida de mercaderías de importación y exportación en el puerto de Buenos Aires se encuentra bajo mínimos. Las tiendas rebajan sus precios a menos de la mitad en pagos con dinero en efectivo. La cadena de pagos está rota.
Los funcionarios del Ministerio de Economía trabajan contra reloj para desarmar la "bomba de tiempo activada" que podría detonar a su vez un nuevo estallido social. Las medidas que permitirían abrir en parte y lentamente la trampa en la que han caído unos dos millones de clientes de los bancos, además de empresas y comercios, podrían difundirse hoy o mañana. "Si cortamos mal un cable, la bomba estalla", admitió el viceministro Jorge Todesca.
El Ministerio de Economía decidió ya sobre una de las cuestiones pendientes: las deudas por créditos hipotecarios superiores a 100.000 dólares, de 15.000 dólares para compra de automóviles y hasta 10.000 dólares en préstamos personales, que no habían sido pesificadas -convertidas a pesos- deberán devolverse a la cotización del dólar en el mercado libre y tendrán a cambio una reducción del 33% de los intereses y una ampliación del plazo de pago.
Por otra parte, el ex presidente Fernando de la Rúa y el ex ministro de Economía Domingo Cavallo están siendo investigados por una posible fuga ilegal de depósitos en una causa abierta ayer por la juez María Servini de Cuibría, informaron fuentes judiciales a la agencia Efe.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 16 de enero de 2002