Los centros de internamiento para extranjeros son lugares donde encierran durante 40 días a los que no tienen permiso de residencia antes de que los expulsen.
La paradoja se da cuando, pasados los 40 días sin que se haya tramitado la expulsión, les dejan en libertad.
El resultado es que una persona ha sido privada de libertad durante 40 días por haber cometido una mera falta administrativa.
La Constitución prohíbe que la Administración civil imponga sanciones que impliquen privación de libertad. Poder privar de libertad a una persona por no tener papeles me parece una burla al sistema democrático, que además en muchos casos resulta totalmente inútil.
Éste es uno de los aspectos más vergonzosos de la Ley de Extranjería, que permite aplicar la sanción más lesiva de derechos a un asunto meramente administrativo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 16 de enero de 2002