Hasta ahora (según la Ley 13/1982, artículo 38.1), las empresas públicas y privadas que emplearan a un número de 50 o más trabajadores estaban obligadas a que, entre ellos, al menos el 2% fueran trabajadores con alguna minusvalía.
Sin embargo, el actual Gobierno, en la Ley 24/2001 (publicada en el BOE del 31-12-2001), ha reducido estas posibilidades y expectativas de los trabajadores, ya que esas mismas empresas públicas y privadas podrán quedar exentas de esa obligación de contratación, bien por acuerdos en la negociación colectiva (¡atentos los 'grandes sindicatos'!), bien por opción voluntaria del empresario. Estos cambios, como otros muchos de índole social, suelen aparecer 'camuflados' entre las múltiples disposiciones adicionales de las grandes leyes (como en este caso sucede en la disposición 17ª).
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 16 de enero de 2002