Los socialistas pedirán mañana en la reunión del Pacto Antiterrorista apoyo económico para los ediles amenazados por ETA que tengan que dejar su profesión. Reclamarán la creación de un comité que estudie, caso por caso, la situación de todos los concejales vascos del PP y del PSE-PSOE amenazados por ETA. Y defenderán la constitución de una mesa de partidos democráticos en cada municipio. Los socialistas plantearán estas iniciativas al Gobierno, además de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local y de la Ley Electoral, para compensar la falta de libertad con que compiten los concejales de las formaciones no nacionalistas en Euskadi.
La amenaza generalizada de ETA a los concejales no nacionalistas ha creado un problema de tal calibre que se ha convertido en política de Estado, según coinciden el Gobierno y el PSOE.
El comité dedicado a los aspectos de logística analizará la situación de cada edil amenazado, con objeto de que cuenten con apoyo público para realizar su labor. Un respaldo que puede ir desde el aumento de las medidas de protección policial, en unos casos, al compromiso institucional de compensar económicamente a quienes se ven forzados a abandonar su actividad profesional por las coacciones terroristas.
Asimismo, los socialistas propondrán la creación de una mesa de partidos democráticos sin excepciones en cada municipio con el objetivo de lograr un amplio apoyo social. Esta mesa tratará de recabar el respaldo de todo tipo de asociaciones para que los concejales puedan ejercer su labor con más respaldo ciudadano y se logre el aislamiento social del entorno político de ETA. Esta propuesta parte de la base de que son los municipios vascos los centros vitales de la actividad política de Batasuna y el ámbito donde encuentran mayor apoyo. "Se trata de dar la batalla al entorno de ETA en su propio terreno, en el que hasta el momento han actuado con toda impunidad", señalan fuentes socialistas.
Las medidas legislativas pretenden abrir nuevos cauces de participación política a los concejales, de manera que puedan desempeñar su papel sin tener que asistir a los plenos municipales en ayuntamientos conflictivos o en situaciones extraordinarias. En esa misma línea, los socialistas sugieren la posibilidad de que las diputaciones forales asuman una parte de la gestión, en municipios especialmente problemáticos, sobre asuntos de competencia local. El Gobierno muestra algunas reticencias a la realización de estas reformas legales ya que pueden crear problemas de constitucionalidad. En cuanto a la posibilidad de elaborar listas electorales conjuntas del PP y PSE en algunos municipios, defendida por los populares, los socialistas se muestran reticentes por su "inoportunidad". "Es dar por antemano la batalla por perdida", señalan fuentes socialistas. "Hay que lograr con otras medidas que no llegue a suceder esta desnaturalización de las distintas opciones a causa de las amenazas de ETA y su entorno", añaden.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 18 de febrero de 2002