El Gobierno propone ilegalizar los partidos que amparen la violencia, la xenofobia o el racismo

El Gobierno se propone reformar la Ley de Partidos Políticos, vigente desde 1978, para facilitar la ilegalización de las formaciones que amparen el terrorismo, la xenofobia o el racismo. Así lo manifestó ayer el ministro de Justicia, Angel Acebes, al presentar ante la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiterrorista una batería de propuestas para arrinconar a Batasuna y al entorno de ETA. El PSOE apoyó la idea del PP, a expensas de discutir el texto del futuro proyecto, y obtuvo a cambio luz verde para sus medidas de apoyo a los concejales vascos, aunque deberán ser estudiadas por una comisión técnica.

Los representantes del Gobierno y del PSOE en el Pacto Antiterrorista presentaron ayer una imagen de acuerdo y unidad, tras una reunión celebrada pocas horas después de que ETA atentara contra Eduardo Medina, dirigente de las Juventudes Socialistas de Euskadi.

El ministro de Justicia, Angel Acebes, justificó la necesidad de acometer reformas legales contra el terrorismo. 'No puede ser legal en una democracia un partido que, por sus fines o la actividad de sus miembros, de manera grave, reiterada y permanente, actúa contra los principios democráticos, la convivencia y el pluralismo', argumentó. Y precisó que en la misma situación se encuentran quienes 'amparen o justifiquen el terrorismo, la xenofobia y el racismo'.

A su juicio, es una 'incongruencia' que a una organización se le puedan bloquear las subvenciones por sus conexiones con ETA -como se ha hecho con Batasuna en la última Ley de Acompañamiento de los Presupuestos- y siga actuando legalmente.

Tras recordar el carácter preconstitucional de la vigente ley de partidos -aprobada el 4 de diciembre de 1978, dos días antes del referéndum constitu-cional-, el ministro anunció una reforma de la misma que incluya las causas de ilegalización, las garantías legales y el procedimiento, así como el tribunal competente, que 'tendrá que ser de todo el territorio', en alusión al Tribunal Supremo.

'Tendrá que afrontar casos como el de un partido que cede sus espacios gratuitos electorales a un vídeo de una organización terrorista que acaba de atentar contra un joven', dijo Acebes, refiriéndose a la condena de la Mesa Nacional de HB, revocada por el Constitucional.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Jesús Caldera, que encabezó la delegación socialista en la reunión -el secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, se trasladó a Bilbao tras el atentado-, respaldó la propuesta gubernamental en el 'terreno de los principios'.

Populares y socialistas acordaron discutir e intentar consensuar lo antes posible el articulado del futuro proyecto de ley.

El acuerdo se extendió a las medidas presentadas por el PSOE para mejorar la seguridad y prestar apoyo político y social a los concejales vascos.

El secretario general del PP, Javier Arenas, expresó su 'valoración positiva' de tales propuestas, a las que su partido había descalificado días atrás. Para materializarlas y superar 'algún escollo jurídico', ambas partes decidieron crear una comisión técnica. El Gobierno veía problemas de 'ensamblaje jurídico' en la reforma del artículo 182 de la ley de Régimen Electoral, con la que los socialistas pretenden que las vacantes creadas por la dimisión de concejales amenazados, como ha sucedido en Zumárraga (Guipúzcoa), puedan ser cubiertas con personas que no se presentaron en la lista de las elecciones municipales.

Los socialistas también pidieron que se revise, caso a caso, la seguridad de los ediles, de sus viviendas y de las sedes de los partidos y que se penalice con prisión a los que amenacen a concejales.

El PSOE aprobó otras iniciativas del Gobierno, algunas ya en trámite, como la reforma de la ley de financiación de partidos y de la ley electoral para prohibir las subvenciones a Batasuna y la trasposición de directivas europeas para el bloqueo de cuentas bancarias.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 20 de febrero de 2002