La policía detuvo ayer en el País Vasco y Navarra a 11 responsables de la organización Segi, epígona de Jarrai y Haika, a los que el juez Baltasar Garzón acusa de haber participado desde julio de 2001 en 46 actos de kale borroka (terrorismo callejero) que provocaron destrozos valorados en 18,22 millones de euros. Unos 200 agentes del Cuerpo Nacional de Policía participaron en la operación, durante la que se han registrado cuatro sedes Segi y otras tantas herriko tabernas, "usadas para ocultar documentación interna y distintos materiales", según el Ministerio del Interior.
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La operación policial, diseñada para ejecutarse a partir de las dos de la mañana de ayer, se adelantó a las 23.30 del jueves, con el despliegue de los 200 policías (incluidos antidisturbios), a las órdenes de la Unidad Central de Información y coordinados por Baltasar Garzón, juez central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. La policía registró simultáneamente las sedes de Segi en Vitoria, Bilbao, San Sebastián y Pamplona, así como otras tantas herriko tabernas (bares-sedes de la izquierda radical abertzale). Además, efectuó otros 16 registros domiciliarios. En todos los casos los policías se llevaron cajas con documentos y otros efectos, que están siendo estudiados.
La policía detuvo en Vizcaya a David Lizarrralde Palacios, Aiboa Casares Etxebarria y los hermanos Iker y Ainara Frade Bilbao; en Álava, a Unai González Azua, Gorka Betolaza Villagrasa, Aser Otxoa de Retana Simón, Arkaitz Martínez de Albéniz López de Subijana y Xabier Abasolo Osinaga; en Guipúzcoa, a Oier Oa Pujol y en Navarra, a Aitziber Pérez Blanco.
Otro de los supuestos responsables de Segi, Asier Íñigo Egizurain, ya fue detenido el pasado miércoles en relación con un grupo desarticulado en Vizcaya por violencia callejera. Eguizurain fue puesto en libertad ayer por la juez de la Audiencia Teresa Palacios, pero enseguida y en la misma sede de los juzgados le comunicaron la orden de detención dictada por Garzón, le repusieron los grilletes que le habían quitado y lo devolvieron a los calabozos. De los otros seis detenidos el miércoles, sólo uno Agustín del Hierro Upategi, de 21 años, ingresó en prisión incondicional. Otros dos, Zumbeltz Larrea Azpiri, de 18 años, y Arkaitz Tejerina Urkia, de 21, podrán eludir la prisión con el pago de una fianza, mientras que el resto de los arrestados quedaron en libertad provisional.
El vicepresidente primero y ministro del Interior, Mariano Rajoy, explicó ayer en rueda de prensa que a los 11 detenidos ayer se les imputa "la convocatoria de jornadas de lucha en protesta por fallecimiento de militantes de ETA, en las que se producen graves alteraciones de la normalidad ciudadana y general gran alarma social".
Agresiones y amenazas
Además, se les acusa de "agresiones a personas, daños en bienes de titularidad pública y privada", entre los que se contabilizan ataques a empresas de trabajo temporal (ETT), así como la elaboración y difusión de carteles "de contenido amenazante contra concejales y cargos públicos de formaciones políticas democráticas".
Garzón los ha acusado de pertenencia a banda armada e inducción, como responsables de Segi, a la violencia callejera. El juez calcula que desde el 16 de junio de 2001 sus convocatorias de jornadas de lucha y otros actos de violencia han causado daños de 2.700 millones de pesetas durante el año pasado y de 332 en lo que va de éste. En total, 3.032 millones de pesetas (18,22 millones de euros).
Las investigaciones de Garzón llevan a la conclusión de que todas las actividades inducidas, organizadas o cometidas por los detenidos ayer "se realizan bajo la dependencia estructural y funcional de ETA-Ekin, como un elemento más de la estrategia global antiterrorista". El vicepresidente Rajoy insistió en que Segi "es la cantera de la que posteriormente se nutren los comandos". Esta organización fue declarada ilegal por Garzón el 5 de febrero y días después procesó a 27 de sus miembros por "colaboración o integración en banda armada". El juez alegaba en su escrito que su intención no era investigar "una siglas u otras" (Jarrai, Haika o Segi), "sino los actos delictivos que al amparo de las mismas realizan con sus actividades a favor del desarrollo conjunto terrorista", así como evitar que un simple cambio de nombre deje impunes sus actos violentos.
Fuentes de la lucha antiterrorista explicaron que se han recabado datos de que los once detenidos habrían participado en la organización de manifestaciones y posibles actos de violencia callejera durante la celebración en Barcelona, el próximo fin de semana, del Consejo Europeo, bajo presidencia española de la UE. "Tanto Batasuna como la organización Segi quieren ir a Barcelona y había una previsión de que éstos [los detenidos] participaran en actos en Barcelona", indicó Rajoy.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 9 de marzo de 2002