La Ley de Calidad del PP es 'un ataque al futuro y a la igualdad de oportunidades'. Esa es la opinión del secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre las consecuencias que, a su juicio, se derivarán de la reforma educativa. Acusó a Aznar de imponer una brecha entre los escolares 'más capaces y con más recursos económicos' y los más humildes, entre ellos los hijos de los inmigrantes. La separación de alumnos a los 12 años supondrá una 'clara oportunidad de quedarse en la marginación' para los colectivos con dificultades. Zapatero anunció que cambiará el modelo si llega al poder.
José Luis Rodríguez Zapatero anunció que los socialistas harán "una defensa cerrada de la educación pública, que es un valor fundamental del Estado de bienestar". El objetivo de su partido es que el 80% de los jóvenes curse el bachillerato y que el 50% acceda a la universidad. El secreto de los países más desarrollados, según Zapatero, es aplicar sistemas educativos que alberguen al mayor número posible de ciudadanos.
El líder socialista tachó el proyecto educativo de "injusto" y criticó que no se haya hablado "ni de pesetas ni de euros" al presentar el documento de bases de la nueva ley. "Así no se construye un país más rico y desarrollado", dijo. Zapatero afirmó que "no es tolerable" que se quiera dividir a los alumnos a los 12 años entre los que "tengan capacidad o puedan ir a un colegio privado o concertado y el resto, que no dan un rendimiento alto, y que irán a una clase aparte". La reforma educativa, según Zapatero, impedirá a los hijos de los inmigrantes "ser universitarios" y advirtió del riesgo de que los chicos de 12 o 13 años caigan en la "exclusión social". Expresó su preocupación por que España ocupe "los últimos puestos de la UE en gasto por alumno y en número de becas" lo que supondrá, según dijo, que el país esté "a la cola en riqueza".
Los socialistas han salido a criticar la Ley de Calidad con la misma fuerza que los populares a defenderla. Entre los primeros, el ex ministro de Educación Jerónimo Saavedra afirmó que "no es aconsejable poner el sistema educativo patas arriba", dijo en declaraciones a Efe. También el diputado Joaquín Almunia criticó la política educativa del Gobierno: "Se ha abandonado clamorosamente la educación como prioridad política y así nos va", señaló.
La Plataforma Estatal por la Enseñanza Pública, integrada por lo sindicatos CC OO, UGT, STES, CGT, la Confederación laica de padres de alumnos, el Sindicato de Estudiantes y Movimientos de Renovación Pedagógicos, considera que la ley "no solucionará el fracaso escolar, sino que lo encubrirá, perjudicando a los que precisan más apoyo".
En CiU se considera que la ley es "segregadora" pero expresaron su voluntad de "negociar hasta el último momento".
El PP, por el contrario, cree que la reforma es "de primera" y "beneficiosa para profesores y alumnos", según dijo la secretaria popular de Educación, Sandra Moneo. "Se trata de una reforma flexible y con más oportunidades", añadió. "Está en línea con todas las iniciativas europeas y busca fomentar el esfuerzo personal", afirmó el portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas. Para el Gobierno, "lo importante es que por fin haya una educación de futuro". Desde la Xunta de Galicia también echaron un cable en la defensa de la ley. El consejero de Educación, Celso Currás, dijo que la LOGSE "estaba penalizando a los alumnos más capaces y trabajadores".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 14 de marzo de 2002