Chávez juzgará a los detenidos en tribunales militares

La familia del empresario Pedro Carmona, detenido primero en una comisaría de la DISIP, la policía política venezolana, y luego puesto bajo arresto domiciliario, pidió al presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), monseñor Baltazar Porras, que garantice la vida del hombre que fue presidente de facto durante 48 horas. El vicepresidente Diosdado Cabello explicó ayer que el proceso de investigación se iniciará por una rebelión cívico militar y se llevará a cabo en tribunales militares. Mientras, varios partidos políticos de la oposición han pedido a Chávez la convocatoria de elecciones anticipadas.

El alcalde de Caracas, Alfredo Peña, ministro de Hugo Chávez durante el primer tramo de su Gobierno, y feroz opositor después, denunció un plan para asesinarle. Los portavoces del Gobierno negaron que vayan a producirse abusos durante los actuales momentos de confusión y menos del derecho a la defensa de Carmona, ex presidente de Fedecámaras (Federación de Cámaras de Venezuela, el sindicato de empresarios que agrupa a empresas que generan el 80% de los empleos de Venezuela), detenido desde la noche del sábado. Cabello insistió en que incluso los civiles detenidos por su participación en la rebelión contra Chávez también deberán acudir a los tribunales militares. El vicepresidente confirmó que hay un gran número de militares detenidos o en busca y captura.

El ministro de Defensa, José Vicente Rangel, dijo que Carmona y cinco oficiales de alto rango se encontraban detenidos acusados de rebelión militar. El empresario fue retenido en la sede de la DISIP y después puesto bajo arresto domiciliario, mientras que los oficiales están en Fort Tiuna, la principal prisión militar de la capital.

Algunas de las declaraciones avalancha en curso son abracadabrantes. El sacerdote jesuita Mikel Viana, cuya presencia pública y análisis políticos son frecuentes, envió una carta a Carmona cuando todavía dirigía el interinato para anticipar su caída. Después de producida la liquidación del Gobierno provisional, dijo Viana, "la sociedad venezolana se precipitaría por la pendiente de la inestabilidad definitiva".

Tratando de evitarla, el jefe de Estado convocó a todos los sectores de la oposición a sumar voluntades y reanudar el diálogo acudiendo una mesa nacional, que deberá instalarse la semana próxima. Dirigentes de los fragmentados partidos políticos y de los sindicatos mayoritarios condicionaron su asistencia a cambios de políticas y actitudes. Los empresarios, "la plutocracia", según el Ejecutivo, se lavan las manos. "Nosotros no tenemos nada que ver con lo que ha sucedido, pues simplemente participamos en una marcha junto a los trabajadores y no tuvimos ninguna injerencia en la junta de transición que se llegó a nombrar", dijo el nuevo presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández.

Negativa sindical

No piensa lo mismo el Gobierno, convencido de que detrás del fallido golpe se encuentran los dueños de importantes grupos. "Incluso Carmona tampoco tuvo nada que ver con lo que pasó, pues yo hablé con él a las once de la noche del jueves, y no tenía conocimiento de su participación en el Gobierno de transición". Los empresarios acudirán al diálogo ofrecido por Chávez, y los partidos, probablemente también, aunque no ha quedado precisado el formato de las reuniones. La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), codo a codo con la patronal en las dos huelgas generales contra el Gobierno, elude cualquier culpa en el actual trance nacional, y duda de la sinceridad de la reconciliación propuesta. "No participamos en nada", aseguró su secretario general, Carlos Ortega, que durante la rebelión cívico castrense llamó asesino al jefe de Gobierno. "Y en cuanto al primer decreto lo rechazamos porque atentaba contra el derecho y la libertad del movimiento obrero". "Ojalá que el discurso de Chávez sea cierto, y ojalá que entienda que esto fue una lección, pero su mensaje lo recibo con muchas reservas", agregó.

Varios partidos pidieron elecciones para comenzar de cero. Henrique Salas Römer, candidato presidencial derrotado por Chávez en 1998, es uno de los peticionarios. "Es necesario llamar a una nueva elección en que podría participar Chávez. El país reclama una nueva consulta popular porque sólo ella puede dar legitimidad a un Gobierno", dijo al diario El Universal.

El empresario y ex gobernador de Carabobo sostiene que Carmona quedó atrapado entre dos conspiraciones que pugnaban por imponerse en Venezuela: una que pretendía el derrocamiento de Chávez, y otra que intentaba instalar un Gobierno que violó la Constitución. "Tratamos de ajustar el Gobierno de transición al modelo de 1958, sin tomar en cuenta que ya no somos la Venezuela semirrural de aquella época, son una sociedad civil organizada luego de 40 años de vida democrática".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 16 de abril de 2002