El titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, dictó ayer prisión incondicional e incomunicada durante tres días contra Jesús Gil, alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid, quien anoche ingresó en la cárcel de Alcalá-Meco (Madrid). La Fiscalía Anticorrupción le acusa de malversación de caudales públicos y falsedad documental por el presunto desvío de 30 millones de euros (unos 5.000 millones de pesetas) de las arcas municipales entre 1991 y 1995. El juez también ordenó el ingreso en prisión de Manuel Castel, contable de Gil, para que no obstruya las diligencias que se van a practicar hasta el viernes, y en la madrugada de hoy encarceló al gerente de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca.
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Los problemas judiciales de Jesús Gil se multiplican. El pasado 5 de abril, el Tribunal Supremo ratificó la condena a seis meses de arresto y 28 años de inhabilitación que le impuso la Audiencia Provincial de Málaga por el caso camisetas, y que le obligará a dejar la alcaldía de Marbella una vez que reciba la notificación de la sentencia. Hace apenas cuatro días, el propio juez Del Olmo ordenó el embargo de sus bienes para hacer frente a las eventuales responsabilidades civiles por el caso Atlético, que será juzgado en la Audiencia Nacional a partir del día 25. Y ahora la Fiscalía Anticorrupción se emplea a fondo en el caso de supuestas empresas fantasma, sin actividad económica ni personal, que emitían facturas falsas por supuestos servicios al Ayuntamiento de Marbella.
Ayer, tras prestar declaración durante unas cuatro horas, el juez Del Olmo, a petición de la fiscalía, dictó contra Gil auto de prisión incondicional e incomunicada hasta las 17.00 del día 19. El magistrado, que ha decretado el secreto del sumario, revisará su situación procesal una vez que practique nuevas diligencias e interrogue a los demás imputados en el caso.
Por la mañana, Gil había sido conducido por la policía judicial desde su residencia madrileña en la urbanización de La Moraleja a la Audiencia Nacional. En Madrid fue detenido también Manuel Castel, responsable de la contabilidad de las sociedades que supuestamente emitieron facturas falsas que pagó el Ayuntamiento de Marbella.
Mientras, una comisión judicial registraba en Marbella los domicilios de Juan Antonio Roca, gerente de Urbanismo del Ayuntamiento, y de José Luis Sierra, ex asesor jurídico de Gil. Ambos fueron llevados también a Madrid para prestar declaración junto a José Luis Jiménez, gerente de la sociedad municipal marbellí Contratas 2000. El juez decidió a las 01.20 de hoy el ingreso en prisión incondicional e incomunicada de Juan Antonio Roca. Jiménez comenzaba a declarra al cierre de esta edición. Purificación Notario, esposa de Jiménez, Eduardo Gonzálvez, empleado de la sociedad fantasma Planeamiento 2000, y Javier Herrera, contable de esta sociedad también fueron imputados y están pendientes de declarar.
La instrucción del caso tiene su origen en una querella que la Fiscalía Anticorrupción presentó el 8 de febrero de 2001 en la Audiencia Nacional contra Gil, Roca y Jiménez. Según la querella, "con el objeto de enriquecerse personalmente, y valiéndose del puesto que ocupaba como alcalde desde 1991, Jesús Gil llevó a cabo de forma sistemática durante ese mismo año y hasta 1995 una detracción de fondos del Ayuntamiento" cercana a los 5.000 millones de pesetas.
Fondos del Ayuntamiento
La denuncia explica que el alcalde marbellí y varios de sus colaboradores urdieron una trama para apropiarse de ese dinero público. Supuestamente, varias personas "de la íntima confianza" de Gil se hicieron con el control de varias sociedades mercantiles inactivas (Cantera Nasok, Dintak, Contratas Peninsulares y Contratas El Plantío), desde las que se emitieron facturas a otras tantas empresas municipales de Marbella por obras y servicios que nunca se realizaron, pero que fueron abonadas.
El abogado de Gil, Horacio Oliva, atribuyó la orden de ingreso en prisión a la "guerra a muerte" que mantiene Anticorrupción con su patrocinado. Oliva se mostró sorprendido de la medida adoptada por el juez "dos años después de que comenzaran las investigaciones en este caso y se hayan practicado varios registros".
El mismo día que la Fiscalía Anticorrupción puso la querella, el 8 de febrero de 2001, el juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco dirigió un registro por sorpresa en el Ayuntamiento y en el Club Financiero Inmobiliario de Marbella, una de las propiedades embargadas a Gil.
Tras aquel registro, Ruiz Polanco decidió inhibirse y envió el caso a los juzgados de Marbella, originando un conflicto de competencias que el Supremo resolvió en enero pasado. La juez decana marbellí María Luisa de las Heras rechazó el asunto y, en junio de 2001, lo envió al Supremo, lo que evitó que el caso se viera afectado por el robo de los sumarios de Gil ocurrido un mes después en tres juzgados de Marbella. El Supremo resolvió que la Audiencia Nacional entendiera el caso porque afectaba al "tráfico mercantil y la economía pública" y porque los hechos se habían cometido en dos jurisdicciones, Madrid y Málaga.
No es la primera vez que Gil ingresa en la cárcel en sus 12 años como alcalde. El 7 de enero de 1999, el juez instructor en Marbella, Santiago Torres, decretó su ingreso en prisión por su imputación en el supuesto desvío de dinero desde el consistorio al Atlético de Madrid, caso por el que finalmente ha sido inhabilitado. Entonces Gil pasó 20 días en el penal de Alhaurín de la Torre, del que salió debido a una enfermedad coronaria.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 17 de abril de 2002