El Gobierno está dispuesto a buscar una solución económica para los concejales del País Vasco a los que las amenazas de ETA y su entorno obstaculizan su actividad laboral. La propuesta se canalizará a través de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que aumentaría sus competencias, y no de un fondo público con cargo a los Presupuestos del Estado. El Gobierno hará esta oferta en la próxima reunión de la Comisión Técnica del Pacto Antiterrorista, que, tras tres aplazamientos, no se convocará hasta que haya un acuerdo entre el Gobierno y PSOE sobre la Ley de Partidos.
La representación gubernamental en la Comisión Técnica del Pacto Antiterrorista -el secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos, y el secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga- ha delegado en la Comisión de Seguimiento del Pacto la última palabra sobre la creación de un fondo de ayuda a los concejales vascos amenazados, reclamado insistentemente por el PSOE. Este partido calcula en 12 millones de euros anuales (2.000 millones de pesetas) sus necesidades para cubrir la seguridad y el apoyo a sus 243 concejales. El PP suma otros 223 ediles.
El Gobierno asegura sentirse sensibilizado con la situación dramática que plantean los socialistas con los casos de concejales amenazados que necesitan ser liberados en su actividad laboral, ausentarse del País Vasco o recibir asistencia psicológica. Y está dispuesto a negociar una solución, aunque diferente al fondo público establecido por ley, con control presupuestario, que plantean los socialistas.
La fórmula de creación por ley de un fondo público la desecha el Gobierno porque ve muy complicado fijar un baremo objetivo para delimitar quiénes serían los beneficiarios: "¿Podemos plantear, por ejemplo, que serían beneficiarios los concejales amenazados en los ayuntamientos vascos a partir de tal o cual número de habitantes? Es prácticamente imposible fijar ese baremo sin contar además con que ETA también ha atacado a ediles fuera del País Vasco. Por ejemplo, en Sevilla, Málaga o Zaragoza". Por la misma razón, por la dificultad de establecer un baremo objetivo, el Ejecutivo también desecha fórmulas como la creación de una partida con este fin en la futura ley de financiación de partidos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 2 de mayo de 2002