El PP y el PSOE pactan financiar con dinero público la protección adicional de ediles vascos amenazados

El Gobierno y el PSOE cerraron ayer un acuerdo de 16 medidas de reforzamiento de la seguridad de los concejales del País Vasco y Navarra y para impedir que Batasuna perciba subvenciones públicas. Como novedad destaca la aprobación, a propuesta del PSOE, de una dotación presupuestaria para cubrir gastos de la seguridad de los ediles, adicionales a las meras escoltas. Previamente, el PP y el PSOE elevarán sendos informes sobre los costes añadidos que implica la seguridad a la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiterrorista. Una vez aprobados, se incorporarán a los Presupuestos de 2003.

Esta medida, acordada ayer, obstaculizó el acuerdo durante semanas. El PSOE siempre defendió que la financiación adicional para la seguridad de los concejales (por ejemplo, una puerta blindada, vacaciones o ayudas por dificultades laborales a resultas de amenazas) fuera pública por su transparencia y por la conveniencia de responsabilizar al Estado en la seguridad, como recordó ayer el dirigente socialista Álvaro Cuesta. El PP, sin embargo, se inclinaba por fórmulas privadas. El nuevo clima creado por el pacto del PP y el PSOE sobre la Ley de Partidos ha contribuido a desbloquear la situación.

Otra novedad del acuerdo es la reforma de la Ley Electoral y la de Financiación de Partidos, complementaria de la Ley de Partidos, para impedir que el Estado subvencione los gastos electorales o financie, en general, a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que promuevan con su actividad el terrorismo. Esta medida 'castiga aquellas conductas individuales que pudiendo no dar lugar a la ilegalización, sí pueden motivar la pérdida de financiación pública'.

La creación de un foro permanente de los partidos democráticos con el Gobierno para velar por los cargos públicos, en paralelo a la Mesa de Arkaute, constituida en el País Vasco, completa las novedades del amplio acuerdo que implicará la reforma de seis leyes: Electoral, Código Penal, Financiación de Partidos, de Régimen Local, de Enjuiciamento Criminal y de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Dicha reforma se tramitará a través de proposiciones de ley, que suscribirán el PP y el PSOE, y que están abiertas al consenso con el resto de los partidos democráticos. Las restantes medidas son:

- Medidas penales. Personación de los ayuntamientos, como acusación particular, en los procedimientos penales derivados de delitos o faltas cometidos contra concejales de las fuerzas democráticas.

- Será delito la conducta de aquellos que impidan a los concejales el acceso a los plenos.

- Se incluyen entre las causas de inelegibilidad, la condena, aún sin sentencia firme, por delitos de rebelión contra las instituciones del Estado o de terrorismo.

- Medidas electorales y locales. Autorización para que al agotarse una lista municipal las vacantes puedan ser cubiertas a propuesta del partido representado y a través de la Diputación provincial.

- Eliminación de la obligación de presentar un mínimo de suplentes (que serán 10 como máximo) en las candidaturas y del requisito de residencia para los interventores.

- Reforzamiento de garantías y protección de datos en los registros de actividades y bienes.

- Disolución de los órganos de las corporaciones en caso de gestión gravemente dañosa para los intereses generales, por acuerdos de los órganos que dan apoyo, expreso o tácito, al terrorismo.

- Medidas políticas. Los partidos democráticos se comprometen a impedir, en los ayuntamientos donde tengan mayoría, que los concejales que no condenen el terrorismo ocupen cargos de responsabilidad.

- Autorización a los cuerpos de policía local y autonómica para ejercer fuera de sus ámbitos territoriales tareas de escolta.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 6 de junio de 2002