El Gobierno mantiene vivo el enfrentamiento con el Ejecutivo vasco que encabeza Juan José Ibarretxe. El vicepresidente primero, Mariano Rajoy, reconoció ayer que una de las razones por las que el PP del País Vasco no ha firmado el acuerdo sobre medidas de seguridad para los concejales, adoptado por los partidos vascos excepto Batasuna, es no hacer aparecer a Ibarretxe como "paladín de la seguridad de los concejales cuando nunca le prestó, como era su obligación, seguridad a ningún concejal".
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Rajoy, al hilo de esta declaración tras el Consejo de Ministro de ayer, expresó su desconfianza hacia Ibarretxe y la voluntad del Gobierno de no darle ningún soporte político. El vicepresidente primero del Gobierno aseguró que Ibarretxe no prestó seguridad a los concejales vascos hasta el acuerdo al que llegaron el Ministerio de Interior, que él dirige, y la Consejería vasca de Interior, con Javier Balza. "Más que pretender de verdad la seguridad de los concejales, parece que [Ibarretxe] pretendía otros fines políticos", añadió.
Rajoy valoró que el "aspecto más llamativo" del acuerdo sobre la seguridad de los concejales del País Vasco procedió del compromiso del Gobierno central con el vasco, logrado hace un año, de abonar el 50% del coste de la seguridad, a pesar de que no era de su competencia, por un valor de 11.000 millones de pesetas. "Ése fue el avance de verdad en materia de seguridad de los concejales", precisó Rajoy.
En este contexto, el vicepresidente primero del Gobierno justificó la decisión del PP del País Vasco de no firmar el pacto global sobre la seguridad de los concejales vascos, acordado en la Mesa de Seguridad de Euskadi. "Son cuestiones menores", dijo en alusión a los acuerdos de la citada Mesa. Y acusó a la misma de "no querer abordar las cuestiones más importantes", como la Ley de Partidos o las medidas para impedir que Batasuna perciba subvenciones desde las instituciones vascas.
La Mesa de Seguridad vasca cerró el jueves un acuerdo global con medidas tales como que las mesas electorales vascas puedan contar con interventores no residentes en Euskadi; que los ayuntamientos puedan personarse judicialmente contra quienes obstaculicen el trabajo de los concejales así como otras medidas legales de apoyo a los ediles que desde el Gobierno de José María Aznar se han tachado despectivamente de "defensivas". Rajoy incidió ayer en este debate y sólo consideró eficaces las reuniones y decisiones emanadas de la Junta de Seguridad -que reúne a los representantes del Ministerio del Interior y de la Consejería vasca del ramo- y de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiterrorista.
El tercer argumento con que Rajoy trató de justificar el rechazo del PP vasco a los acuerdos de la Mesa de Seguridad del País Vasco consistió en que dichas reuniones, "en las que se habla de asuntos muy serios como la seguridad de las personas, no son discretas". "Parece que al final se trata de reunir a una serie de personas para hacer un poco de ruido, para hacer política. Pero no se reúnen para tratar de los temas en profundidad. Estamos hablando de la vida de las personas y no hay ninguna cosa más seria que ésta, por lo que no debiera haber un debate público sobre este tema".
No obstante, el PP del País Vasco acudirá a la próxima reunión de la Mesa de partidos, que convocará el lehendakari, Juan José Ibarrexte, y en la que se abordará el manifiesto de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) en el que se propone el aislamiento de Batasuna hasta que no condene el terrorismo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 11 de mayo de 2002