Los partidos democráticos vascos, a excepción del PP, que abandonó las negociaciones el pasado abril, alcanzaron ayer un acuerdo final sobre las medidas para mejorar la seguridad de los concejales amenazados y perseguir a quienes les acosan. El acuerdo, que se añade a la declaración municipal de apoyo pactada el pasado viernes, se firmará el día 21 y a continuación el lehendakari, Juan José Ibarretxe, volverá a reunir a los máximos dirigentes de los partidos.
MÁS INFORMACIÓN
- Batasuna provoca en Navarra un nuevo incidente
- El Gobierno rechaza participar en la comisión de Ibarretxe para la protección de los ediles vascos
- El PSOE propone que el Pacto Antiterrorista busque cómo garantizar las listas municipales
- El PP deja la comisión vasca de seguridad porque le impiden reflejar su apoyo a la Ley de Partidos
- La constitución de la gestora local cierra un año de crisis en Zumarraga
- Rajoy desprecia la mesa vasca para proteger a los concejales
- La mesa vasca de seguridad firma el acuerdo de protección a los ediles sin PP ni Batasuna
- Tema:: Contexto político de la ofensiva terrorista
- Cartas:: La opinión de los lectores
Con el acuerdo logrado ayer por PNV, PSE, EA e IU -que se añade a la declaración cerrada en la asociación municipal Eudel por esas mismas formaciones y el PP- los partidos dan por cumplido el cometido que se les encomendó en la reunión de todos ellos bajo la presidencia de Ibarretxe el 22 de febrero. Todos los presentes se mostraron satisfechos de lo pactado y resaltaron el esfuerzo realizado y la ausencia del PP, que el socialista Víctor García estimó "injustificada". Ese partido "tendrá que aclarar por qué firma la declaración municipal y no los acuerdos sobre seguridad", afirmó. El mensaje del Gobierno tripartito vasco (PNV, EA e IU) fue más duro: "Al PP no le ha interesado nunca estar en esta comisión", dijo José Antonio Rubalkaba (PNV).
Las dos cuestiones pendientes -reforma o no del artículo 505 del Código Penal y del 6.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, LOREG- fueron solventadas con facilidad, ya que el obstáculo real para cerrar el acuerdo la semana pasada fue más la resistencia de los grupos del Gobierno a endurecer la declaración de Eudel que esos flecos. El acuerdo se firmará el día 21 y será remitido a Ibarretxe, tras lo cual éste convocará de nuevo a los partidos. Aplicar los acuerdos exigirá reformar varias leyes, entre ellas la de Bases de Régimen Local, la LOREG, la ley electoral vasca y las que regulan los registros públicos para restringir el acceso a datos de electos locales, y el censo, pues entre las medidas a adoptar está la supresión del mismo del domicilio de las personas amenazadas.
No se cambiará el Código Penal, al sumarse el PSE a la interpretación del tripartito, de que el artículo 577 ya responde a sus inquietudes. La fórmula adoptada impedirá que los condenados por cualquier delito definido en ese artículo, que recoge también las amenazas, sean o no miembros de una banda terrorista y aunque su sentencia no sea firme, puedan presentarse a unas elecciones. Hasta ahora, la ley sólo definía como inelegibles a los condenados como miembros de banda armada. Con esas reformas será posible, además, que las propias corporaciones se personen como acusación contra quienes obstaculicen el trabajo de los ediles. De igual modo, los partidos podrán contar en las mesas electorales con apoderados e interventores no residentes en Euskadi.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 10 de mayo de 2002