Duhalde logra que se derogue la ley que impedía la ayuda del FMI a Argentina

El Senado argentino derogó anoche, tras más de siete horas de debate, la controvertida ley (llamada Ley de Subversión Económica) que ha servido para procesar a numerosos banqueros desde la entrada en vigor de las restricciones financieras impuestas por el corralito y que el Fondo Monetario Internacional (FMI) quería eliminar como condición para reanudar la ayuda financiera al país. La derogación de la ley allana el camino al presidente Eduardo Duhalde para continuar con su plan para reflotar una economía en recesión desde hace más de cuatro años.

La derogación de la ley estaba ligada al futuro del Gobierno del presidente Eduardo Duhalde, puesto que si no lograba anoche esta "victoria" en el Parlamento, muy probablemente hubiese tenido que dimitir hoy. Duhalde necesitó del voto doble del presidente del Senado, el también peronista Juan Carlos Maqueda, para desempatar un resultado de 34 votos en favor y la misma cantidad en contra, que casi echó por tierra toda la presión que durante los últimos días había hecho el Gobierno para acabar con esta normativa. Durante el debate, la sede del Parlamento permaneció cercada con vallas y policías para garantizar la seguridad de los legisladores.

Los apoyos con los que contó Duhalde no estuvieron claros en ningún momento. El jefe de grupo de la Unión Cívica Radical había asegururado el quórum necesario para la sesión, pero no sin anticipar que votaría en contra de sus senadores porque la derogación suponía impunidad para los banqueros procesados. El peronismo, con mayoría propia en la Cámara, tuvo que recurrir al apoyo de los representantes de partidos provinciales ante la imposibilidad de convencer a ocho senadores de su propio grupo que se negaron a apoyar el proyecto. "La derogación de la ley no va a liberar a ninguno de los detenidos, porque los delitos de los que se les acusa tienen penas aún más graves en el Código Penal", había asegurado el peronista Marcelo López Arias, senador por la provincia de Salta, antes de la votación.

A la derogación de la Ley de Subversión Económica, le sigue mañana el anuncio del Plan Bonos para comenzar a desarmar el corralito financiero, una serie de restricciones bancarias que han atrapado a los ahorradores y clientes de los bancos. Además, la próxima semana se firma un pacto fiscal con las provincias que se resisten al compromiso de reducir el 60% de sus pasivos y a dejar de emitir papeles de deuda que circulan como moneda. Con esos trámites se completarían los requisitos del FMI antes de la firma de una carta de intenciones, prevista para final de junio.

Si todos los pasos se cumplen y el FMI da luz verde para que los organismos de crédito reanuden la asistencia financiera, el Gobierno se propone a continuación discutir con la oposición la convocatoria a una reforma limitada de la Constitución para modificar las leyes que impiden la renovación de los mandatos en todos los cargos, desde los concejales de pueblos hasta el presidente de la nación, tal como reclama, según las encuestas, el 90% de los ciudadanos consultados.

La reforma de la Ley Electoral podría habilitar también a la postulación de los candidatos independientes en nombre de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Las elecciones primarias en los partidos, previstas para finales de este año, serán abiertas para que puedan participar los ciudadanos no afiliados.

Elecciones generales

Los comicios generales podrían realizarse en marzo de 2003. Si todos los plazos se cumplen, el nuevo presidente podría ocupar el sitio del piloto de ese "avión que cae en picado" hacia fines de abril de 2003 para iniciar las maniobras de recuperación. "Ya lo ha dicho el presidente, pagaremos todos los costes políticos", confirmaba ayer un portavoz del Ejecutivo.

La oposición comenzó a pasar la factura a pagar incluso antes de que terminara el debate en el Senado sobre la Ley de Subversión Económica. "La derogación de esta ley es una extorsión que el Fondo Monetario le hace al presidente y que éste transmite al Congreso", dijo el radical Rodolfo Terragno.

Desde el próximo lunes, el Ejecutivo deberá pagar nuevos costes frente a los ahorradores a los que les confiscaron los fondos depositados en los bancos a través del corralito. El canje voluntario del dinero por títulos de deuda con una tasa reducida de interés que se pagarán a cinco o diez años de plazo, según se reclame la devolución en pesos o dólares, es rechazada por la mayoría de los perjudicados.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 31 de mayo de 2002