El presidente argentino, Eduardo Duhalde, se comprometió ayer a cumplir en una semana las condiciones que exige el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reanudar la ayuda financiera. El mandatario hizo el anuncio al término de la cumbre celebrada en la ciudad de Santa Rosa (La Pampa) con los gobernadores de su propio partido, el Justicialista (PJ, peronista). El día anterior, Duhalde había recibido un varapalo por parte de la banca extranjera, que rechazó el plan de emisión de bonos con el que el Gobierno pretende flexibilizar las restricciones bancarias impuestas por el llamado corralito.
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Doce de los 14 jefes provinciales dieron su apoyo al presidente, que presentó el corto plazo de siete días como la última oportunidad para que Argentina salga del aislamiento y se reincorpore a la comunidad financiera internacional. Pese a este respaldo, hay que recordar que el 24 de abril, una cumbre similar que también se presentó como decisiva concluyó con la firma del famoso documento de 14 puntos para salir de la crisis. La mayoría de ellos no se han cumplido.
El primer desafío después de la cumbre de La Pampa tendrá lugar hoy en el Senado, donde comenzará a debatirse la derogación de la controvertida Ley de Subversión Económica, que el FMI ve como una amenaza a la seguridad jurídica de banqueros y empresarios. Los peronistas necesitan el apoyo de los radicales, que se resisten a dar su voto por considerar que dicha ley es una garantía contra la impunidad frente al delito de administración fraudulenta.
La intención es cumplir antes del domingo los 14 puntos firmados hace un mes, entre los que destaca el pacto fiscal con todas las provincias, que implica una reducción de gasto del orden del 60%. La provincia de Buenos Aires, la más importante y renuente a la firma, lo acabará haciendo, pero en un porcentaje del 50%, según adelanto el gobernador bonaerense Felipe Solá.
Urgencia
"Ya no se puede esperar más", repitió una y otra vez Duhalde, porque "el tiempo se agota". No habló en ningún momento de dimisión, insinuada la semana pasada en distintas ocasiones. Ayer puso el énfasis en el apoyo que le brindaron los gobernadores. Tampoco quiso hablar de elecciones anticipadas. "Cuando Argentina esté en aguas calmas podremos analizar cómo organizamos el país, en qué sistema político queremos vivir, si bajo un sistema presidencialista o un sistema parlamentario. Ahora no sería responsable", dijo el presidente.
Uno de los asistentes a la reunión, el gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, subrayó que "hay que cumplir lo que se firma. Tenemos que firmar los asuntos pendientes, para que la semana próxima el ministro de Economía pueda preparar las negociaciones con los organismos internacionales". Romero puntualizó que cada provincia tiene una situación presupuestaria distinta a la hora de hablar del recorte del déficit. Lo más importante, señaló, es evitar que caiga la recaudación impositiva.
Cumplidas las condiciones previas, el Gobierno estaría en condiciones de afrontar las negociaciones con el FMI para recuperar el crédito internacional, cerrado desde que Argentina suspendió el pago de la deuda externa.
El ministro de Economía, Roberto Lavagna, presentó a las gobernadores el plan de emisión de bonos que el Gobierno argentino pretende anunciar esta semana para flexibilizar las restricciones bancarias impuestas por el llamado corralito. El proyecto tropieza con el rechazo de las principales entidades extranjeras. La Asociación de Bancos de Argentina (ABA), que agrupa a las principales entidades que tienen su casa matriz en el exterior, se distanció el domingo del acuerdo que los bancos de capital nacional firmaron el día anterior con el Gobierno para reconstruir el sistema financiero.
"La iniciativa no provee una solución ni integral ni definitiva a los problemas que quejan tanto a los usuarios del sistema bancario como a los ahorradores, tomadores de préstamos y los propios bancos", dijo Norberto Peruzzotti, portavoz de ABA. Los bancos extranjeros consideran que el decreto que tiene a punto Lavagna no contempla una compensación a las entidades por la diferencia de cambio generada por la devolución en dólares de los depósitos ordenados por la Justicia. Los bancos agrupados en la ABA exigen una compensación en torno a los 12.000 millones de dólares.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 28 de mayo de 2002