El Foro Social de Sevilla, la plataforma que organiza los actos alternativos a la cumbre de la UE, criticó ayer con dureza el 'hostigamiento constante' de la policía hacia los antiglobalización y las identificaciones 'arbitrarias' de los integrantes del movimiento. El foro recusará a los jueces de guardia -trasladados excepcionalmente hasta el 24 a una sede policial- que tramiten alguna detención al considerar que no se garantiza la independencia judicial.
La cumbre alternativa comenzó ayer a la par que la oficial, aunque en un escenario bien distinto -las plazas del centro histórico y las aulas universitarias- y con un espíritu muy crítico. El portavoz del Foro Social de Sevilla, Joaquín Urías, acusó a la policía de practicar un 'hostigamiento constante' hacia los antiglobalización, que ejemplificó con las identificaciones 'arbitrarias' de las personas que se acercan a las mesas de recepción del Foro y a la acampada instalada en el parque del Alamillo.
A pesar de ello, no se registraron detenciones durante la primera jornada de la contracumbre y sólo algunos incidentes pequeños en una concentración anarquista y en un acto de protesta del Sindicato de Obreros del Campo (SOC) cerca de las vallas de seguridad que rodean el hotel Alfonso XIII, donde se alojan parte de los mandatarios europeos.
Urías denunció también las retenciones de algunos antiglobalización en los controles fronterizos, que ha impedido la entrada en España de 18 bretones. Una queja similar a la proferida ayer por el coordinador general de IU en Andalucía, Diego Valderas, que denunció la retención y el registro de un autobús fletado desde el País Vasco por la coalición, ocurrida a unos 10 kilómetros de Sevilla, informa Europa Press. El delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado, por su parte, justificó la retención del grupo de franceses porque 'eran claramente violentos'. Torres Hurtado defendió los controles fronterizos para garantizar que en la manifestación antiglobalización de hoy sólo participe gente pacífica.
El Foro Social también recrudeció ayer sus críticas hacia la decisión de los jueces sevillanos de trasladar las guardias a dependencias policiales hasta el día 24, al considerar que 'pone en entredicho la legitimidad del Estado de derecho'. Joaquín Urías anunció que, pasada la cumbre, interpondrán un recurso contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial de respaldar el traslado y que recusarán a todos los jueces que inicien algún procedimiento desde las oficinas policiales. 'No reúnen las condiciones de independencia', dijo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 22 de junio de 2002