La represión violenta de las protestas debilita aún más a Duhalde en Argentina

Los sangrientos sucesos ocurridos el miércoles en Buenos Aires, que costaron dos muertos y un centenar de heridos, han asestado un duro golpe al debilitado Gobierno de Eduardo Duhalde. De la forma más trágica, se ha esfumado el que podía considerarse único logro de sus meses de gestión: la pacificación del país en medio de la conflictividad social. El presidente ha optado por reducir las primeras muertes de su mandato a un tema de orden estrictamente policial. Para ello ordenó a los jefes de Seguridad dar las explicaciones oportunas, que responsabilizan exclusivamente a los manifestantes, que replican que los disparos partieron de la policía. Miles de personas se congregaron anoche en Buenos Aires para protestar contra la violencia policial.

El Gobierno anunció desde primera hora de la mañana un "gran despliegue preventivo" (2.000 efectivos) de las fuerzas policiales en la plaza de Mayo para evitar un nuevo baño de sangre. El movimiento piquetero, sindicatos, organizaciones de parados y partidos de izquierda congregaron a miles de personas en una manifestación de repudio a la "represión policial" frente a la Casa Rosada, sede del Gobierno, que se levanta en dicha plaza. Antes de la marcha, fueron detenidas más de 30 personas, a las que la policía incautó palos, cócteles molotov y cuchillos.

Después de la jornada de violencia del miércoles, han aumentado las voces que reclaman la dimisión de Duhalde, sobre todo desde las filas de la izquierda, que pretende representar al movimiento de los desocupados. También desde otros sectores como la senadora peronista Cristiana Fernández de Kirchner reclamaron la convocatoria de elecciones. Desde que asumió la presidencia transitoria, Duhalde ha reiterado que heredó un país al borde de la guerra civil y que su prioridad era la paz social.

Una realidad a medias hasta el miércoles, porque, para sorpresa de muchos, la muerte no había aparecido en las numerosas protestas que día a día se registran en numerosos puntos del país. El frágil equilibrio se ha roto y el Gobierno lo sabe. No en vano, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, dijo ayer que "Argentina no soporta más violencia", tras recordar que el país vive la crisis más profunda de la historia contemporánea.

Hay numerosos interrogantes sobre la batalla campal que libraron en el puente de Pueyrredón, que une la capital y la provincia de Buenos Aires, policías y desocupados agrupados en el llamado movimiento piquetero. Lo cierto es que la sangre ha corrido de nuevo en Argentina desde las jornadas del 19 y 20 de diciembre (27 muertos), que provocaron el fin del Gobierno de Fernando de la Rúa.

En los días previos a la jornada de lucha convocada por el Bloque Piquetero Nacional contra la política económica y la pobreza, el Gobierno advirtió de que no permitiría que los desocupados bloquearan los puentes de acceso a la capital. Desde el nacimiento del movimiento piquetero, a comienzos de 1995, la policía ha mantenido por lo general una actitud complaciente con los innumerables cortes de puentes y carreteras. ¿A qué se debe el cambio de actitud, advertido durante la última semana?

Cuando la sangre ya había corrido, dirigentes políticos como el diputado de izquierda Luis Zamora, del grupo Autodeterminación y Libertad, y el dirigente piquetero Luis D'Elia declararon que sabían que habría represión. Antes de los enfrentamientos, muchos de los manifestantes congregados bajo el puente de Pueyrredón ocultaban su rostro con pasamontañas y empuñaban palos. De lo que siguió se conocen las consecuencias, pero no de dónde partieron los disparos de armas de fuego, que todos niegan haber utilizado.

Las acusaciones son diversas. El conductor de un autobús que terminó en llamas denunció en una comisaria de Avellaneda que un grupo de encapuchados con escopetas y pistolas asaltó el vehículo, al que posteriormente prendieron fuego con cócteles Mólotov. Un vecino declaró que vio cómo dos piqueteros arrojaban armas de fuego al suelo mientras huían. Por su parte, una manifestante aseguraba que "había policías por todos los lados y nos corrían a tiros". Las imágenes de furgonetas policiales persiguiendo a manifestantes aislados o de la toma por asalto de un local del partido comunista muestran de manera irrefutable que hubo excesos de la policía.

La versión que asegura que había infiltrados en las filas de los piqueteros no es descartable, pero es difícil de demostrar. "El Gobierno tiene elementos para presuponer que estamos ante un plan de lucha concertado", dijo Jorge Matzkin, ministro del Interior. Es cierto que se trata de un movimiento muy amplio y muy disgregado, donde conviven organizaciones de distinto signo. De lo ocurrido se deduce que el Gobierno ha optado por una estrategia de desprestigio de un movimiento cuya razón de ser no se debe a otras circunstancias más que el desempleo y el hambre, en un país que ha experimentado una caída del 18% del PIB en los primeros tres meses del año y en el que más del 40% de la población no tiene trabajo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 28 de junio de 2002