La guerrilla de Colombia amenaza con matar a todos los alcaldes del país

'¿Qué espera el Gobierno, que nos maten a todos?'. Esta frase de Máximo Luna, alcalde de Tona, en el departamento de Santander, muestra el descontento de los funcionarios municipales por la debilidad de la respuesta del Ejecutivo frente a las amenazas de las FARC, que pretenden crear un vacío de poder obligando a renunciar a todos los cargos electos locales. El miércoles a medianoche venció el plazo dado por los guerrilleros para que todos los alcaldes y concejales abandonen sus cargos. A esa hora, según el ultimátum, los que no cumplieron se convirtieron en objetivo militar.

Ante las amenazas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), principal grupo guerrillero del país, se reforzaron las medidas de seguridad; en el caso de Bogotá, para el alcalde y los concejales. En Casanare, al oriente del país, concejales de varios municipios se refugiaron en hoteles de la capital desde el miércoles en la tarde.

Ayer continuaron los consejos de seguridad regionales, con la asistencia de varios ministros y comandantes militares. La idea es explicar las medidas oficiales, que incluyen chalecos antibalas, blindaje de sedes y, en casos extremos de inminente riesgo, la salida del país. Es un programa igual al que se aplica en la protección de defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas. Los resultados no han sido los mejores: este año han sido asesinados 87 sindicalistas; el año pasado, 192.

Aunque los medios de comunicación han hablado hasta de 500 alcaldes amenazados, el Gobierno asegura que las intimidaciones sólo alcanzan a 102 de los 1.090 alcaldes del país. 'No debemos alarmarnos. Es más una guerra psicológica; y esta guerra, como todas, las FARC la van a perder', dijo el ministro de Justicia, Rómulo González. A la lista, sin embargo, hay que agregarle las amenazas a los concejales, que, según la federación que los agrupa, han llegado a 4.000 en todo el país, y a varios funcionarios judiciales.

A ojos de los afectados, el ministro de Justicia ha minimizado el problema y ha insinuado falta de valentía. 'Es fácil ser valiente con 20 guardaespaldas y un sueldo de millones; él no sabe lo que vivimos nosotros', declaró a este periódico el alcalde de Tona. 'A mí me ofrecieron un celular con 45 minutos de llamadas para que me comunique con la policía en caso de emergencia', cuenta dolido. Y su situación es doblemente difícil: a las amenaza generalizada de las FARC se une la de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que desde hace un mes lo declaró objetivo militar y le ha hecho tres atentados. Su pecado: rescatar a dos soldados heridos en combate. Ha recibido apoyo de las autoridades departamentales , pero en Bucaramanga, la capital del departamento de Santander, el ELN también lo persigue. Su esperanza es ser incluido en el plan de protección especial -financiado por Estados Unidos-, salir de la región y, por un rato, 'descargar la angustia de vivir amenazado'.

La única solución

La polémica sobre si se debe adoptar el estado de emergencia interior para enfrentar la grave crisis continúa. El Gobierno la descartó por el momento, pero algunos sectores, incluidos alcaldes amenazados, la ven como única solución. Para otros no sirve de nada y piden fórmulas más eficaces, como el regreso al estado de sitio, anunciado ya por el nuevo Gobierno de Álvaro Uribe. 'Las medidas anunciadas no pasan de ser románticas, retóricas, no suficientes', dijo a este periódico el alcalde de San Vicente del Caguán. Reconoce que hacer frente a esta amenaza generalizada es difícil, pero, dice, se necesitan medidas 'más eficaces'. Detrás de la negativa del Gobierno a declarar el estado de excepción puede estar el no dejar 'amarrado' al nuevo Ejecutivo, que tomará posesión el próximo 7 de agosto.

El diario El Tiempo reveló ayer que la decisión de las FARC de crear esta crisis de gobernabilidad se tomó a mediados de este mes, en un sitio del Páramo de Sumapaz, a pocos kilómetros de Bogotá. Allí, el Mono Jojoy, comandante militar de la organización guerrillera, en la primera reunión de comandantes luego de la ruptura de la negociación con el Gobierno, dio una orden: 'Secuestrar o ajusticiar a quien no renuncie a su cargo en cualquier rincón del país'.

Según El Tiempo, la embajadora de EE UU en Colombia, Anne Patterson, anunció que su Gobierno facilitará vehículos blindados, teléfonos y protección diplomática a algunos de los anlaldes y concejales para protegerlos. Patterson precisó que su país facilitará el traslado al exterior de algunos de los amenazados.

[Un total de 73 alcaldes han presentado su dimisión ante las amenazas de las FARC, según informa France Presse.]

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 28 de junio de 2002