El Gobierno central y el PP advirtieron ayer a Batasuna de que con su estrategia de acoso a los concejales no nacionalistas en el País Vasco está incumpliendo la Ley de Partidos y se arriesga a ser ilegalizada. Así lo manifestaron el ministro del Interior, Mariano Rajoy, y el secretario general del PP, Javier Arenas. No obstante, el Ejecutivo no va más allá, por el momento, de la mera advertencia.
El mensaje del ministro de Justicia, Ángel Acebes, y del fiscal general, Jesús Cardenal, sigue siendo que no se iniciará el procedimiento de ilegalización de Batasuna hasta que este partido vulnere de manera "reiterada y grave" la recién aprobada Ley de Partidos. "El Gobierno no puede arriesgarse a iniciar una tramitación de este calado sin garantías absolutas de éxito", señalan fuentes próximas a Acebes. Tampoco el PSOE quiere apresurarse.
Aun así, en las bases del PP crece la idea de que la conducta de la formación que lidera Arnaldo Otegi -centrada ahora en una campaña de acoso a los concejales no nacionalistas- va a propiciar su ilegalización antes de la campaña de las elecciones municipales de 2003.
Jesús Cardenal se refirió ayer a la intimidación que están sufriendo los cargos públicos socialistas y del PP en algunos ayuntamientos de Euskadi: "De lo que se trata es de que caigamos de una vez por todas en la cuenta de que estos individuos no sólo no son demócratas, sino que son terroristas, asesinos. Acciones como éstas y otras muchas son intolerables".
En opinión del fiscal general, lo deseable sería actuar contra Batasuna "cuanto antes", pero la iniciativa no deberían tomarla el Gobierno solo, o el Parlamento solo, o el fiscal solo, "sino los tres conjuntamente".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 3 de julio de 2002