El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón solicitó ayer amparo al Consejo General del Poder Judicial ante las críticas recibidas por parte del Gobierno vasco. Estos reproches llegaron tras la resolución dictada por el juez en la que imputa a Batasuna la responsabilidad civil de los daños ocasionados por actos de lucha callejera o kale borroka convocados por Segi, la estructura juvenil del entorno de ETA.
El magistrado ha presentado, a través del presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, un escrito, al amparo del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el que señala que las manifestaciones proferidas por diversos miembros del Ejecutivo de Vitoria atentan contra su independencia e imparcialidad.
El magistrado destaca además que esas manifestaciones aumentan el riesgo físico para todas aquellas personas que trabajan en el sumario, como el instructor, el fiscal, los funcionarios, los magistrados de sala y, en general, a todos los que desempeñan su labor en la Audiencia Nacional, según informaron fuentes jurídicas.
La Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial estudiará hoy mismo la petición del magistrado y, según fuentes del organismo, previsiblemente propondrá al pleno que ampare al magistrado, pues así se ha hecho en ocasiones anteriores a otros jueces en los que los ataques no fueron tan duros.
El viernes pasado, tras conocerse el auto de Garzón en el que exigía la responsabilidad civil a Batasuna, el consejero vasco de Justicia (EA), Joseba Azkarraga, declaró que Garzón echaba por tierra "la independencia judicial" al convertirse en un "fiel brazo político" del Gobierno central. Según Azkarraga, la decisión del juez constituye "el pistoletazo de salida para la ilegalización de Batasuna, que es lo que lleva persiguiendo el Gobierno desde hace tiempo". Y agregó: "La loca carrera por ver quién inicia el proceso de ilegalización ha comenzado y la capitanea el juez Garzón, por lo que queda claro que el carácter de retroactividad va a ser aplicado".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 9 de julio de 2002