Los partidos que apoyan al Gobierno vasco (PNV, EA e IU) han dado un plazo de dos meses al Ejecutivo central para que elabore un calendario con las fechas en las que materializará el traspaso de las 37 competencias pendientes a Euskadi. En el caso de que no se remita ese calendario, el Gobierno de Vitoria considerará que el Estatuto de Gernika "ha quebrado" y ejercerá esas competencias como sea. Además, anuncia la superación del Estatuto a través de un proceso soberanista. Éstas son una parte de las conclusiones del informe redactado por la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco.
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El informe elaborado por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Eusko Alkartasuna (EA) e Izquierda Unida-Ezker Batua (IU-EB) salió adelante gracias a la abstención de Batasuna, cuyo portavoz, Arnaldo Otegi, afirmó sin ambages que el documento recoge "todas las propuestas de mínimos" realizadas por su formación. Es decir, derecho de autodeterminación para los vascos, la integridad territorial de Euskal Herria (las provincias vascas, Navarra y el País Vasco francés) y la búsqueda de un nuevo marco político. Mientras, PP y PSE (que también presentaron sus textos pero no lograron el apoyo necesario) calificaron el documento como "gravísima agresión" al Estatuto y a la convivencia de los vascos. El PSE incluso ha convocado una reunión de su ejecutiva para provocar una reacción social en contra de estas propuestas.
Por su parte, los partidos del Gobierno han asegurado que sus propuestas para asumir por la vía de los hechos las competencias pendientes y elaborar un nuevo marco que supere al actual Estatuto de Gernika son "coherentes" con los postulados que defendieron antes de las últimas elecciones autonómicas, en mayo de 2001. El portavoz del PNV, Joseba Egibar, negó que haya existido cualquier negociación con Batasuna.
El informe será tratado hoy en la comisión de autogobierno de la Cámara vasca, que fue creada a principios de la actual legislatura a instancias del lehendakari, Juan José Ibarretxe, para elaborar un diagnóstico sobre el Estatuto y sus "potencialidades". Tras su paso por la comisión se convertirá en un dictamen que será debatido el próximo viernes en un pleno monográfico y el Parlamento lo convertirá en su pronunciamiento.
Radicalidad inesperada
Se trata del debate con más carga política al que ha hecho frente la Cámara de Vitoria en los últimos años. Los partidos del tripartito dieron ayer una inesperada vuelta de tuerca al introducir en su informe un desafío institucional en toda regla al Gobierno de José María Aznar. El ultimátum de dos meses coincide con la celebración del pleno de política general de Euskadi, que el Parlamento autónomo realizará a finales de septiembre y en el que Ibarretxe podría anunciar el siguiente paso en su estrategia.
El PSE fue el más sorprendido por la radicalidad del texto, ya que hasta el último momento confiaba en poder llegar a un consenso sobre una reclamación más moderada de las transferencias pendientes.
En la primera parte del documento, el tripartito constata que en la sociedad vasca se está gestando una "pérdida irreparable de respeto, confianza y lealtad" con el marco del Estatuto de Gernika, porque aprecia progresivamente que va dejando de ser "un mecanismo hábil para satisfacer las expectativas para las que fue aceptado", ya que "cada vez es más difícil progresar en la realización política del pueblo vasco, en el disfrute del régimen democrático de derechos y libertades y en la asunción de competencias y de gestión pública por las instituciones vascas".
Ante esta situación, si el Gobierno central no remite en dos meses el calendario especificando las fechas en las que se producirán los traspasos, el informe advierte de que el Estado "habrá quebrado definitivamente y de manera unilateral el consenso estatutario".
El siguiente paso es instar al Gobierno vasco a que adopte las medidas que "procedan para garantizar el cumplimiento del Estatuto de Gernika y el pleno ejercicio por las instituciones vascas de las competencias asumidas en el texto estatutario con independencia de los procesos transferenciales requeridos para su ejercicio y que dependen de la voluntad del Estado".
El Gobierno central ya ha advertido a Ibarretxe de que no va a permitir que asuma ninguna competencia por su cuenta, algo que por otra parte abre multitud de incógnitas sobre la forma en que podría hacerlo.
Tras este primer bloque, los partidos del Ejecutivo vasco plantean sus conclusiones sobre la aplicación de las potencialidades del autogobierno. Para PNV, EA e IU, a partir del derecho de autodeterminación del "Pueblo Vasco", Euskal Herria (Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra e Iparralde, país vasco francés) tiene derecho a ser consultada "para decidir libre y democráticamente su estatus político respetando la voluntad de los ciudadanos de cada ámbito político en el que éste se articula". La última resolución plantea iniciar, "desde el liderazgo de las instituciones más representativas del pueblo vasco", el desarrollo "abierto" de un nuevo proyecto de ordenamiento jurídico que contará con "la máxima participación de los agentes políticos, económicos, sindicales, sociales y culturales".
Una eventual consulta popular sobre el derecho de autodeterminación ha sido defendida varias veces en los últimos meses por dirigentes del PNV y de EA y por el propio lehendakari, aunque nunca se han puesto plazos para su celebración.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 9 de julio de 2002