José María Aznar no explicó ayer en el Congreso el sentido de la mayor crisis de Gobierno que ha ejecutado en sus seis años de mandato al cambiar por sorpresa ocho ministerios y destituir a seis ministros. El presidente evitó esa explicación en su discurso matinal y limitó su justificación a que, como 'queda mucho por hacer, el Gobierno renovado' se compromete a completar 'un extenso programa de reformas'. Aznar ofreció diálogo social sin cambiar el decretazo y descalificó a su oponente, José Luis Rodríguez Zapatero, por pasar 'de la oposición tranquila a la oposición radical de pancarta'.
El presidente advierte a las comunidades de que tendrán que mejorar su gestión
'A los terroristas no les espera ningún triunfo revolucionario, sino la acción de la justicia'
MÁS INFORMACIÓN
- Informe:: Los atentados de ETA tras la tregua
- Multimedia:: Las remodelaciones del Gobierno de Aznar
- Informe:: Los cuatro debates de la 'era Aznar'
- El Ejecutivo y el Grupo Popular estrenan foto parlamentaria
- Zapatero exhibe su discurso más duro contra la política "autoritaria y antisocial" de Aznar
- Las bandas de delincuentes extranjeros en España han crecido un 30% en un año
- La criminalidad ha aumentado un 9,3% en el primer semestre
- PP y PSOE pactan una resolución conjunta en apoyo a la legalidad en el País Vasco
- El PP achaca el 'bajonazo' de Aznar al cansancio y a que Zapatero le desarmó con pactos de Estado
- Zapatero ganó el debate del estado de la nación, según el CIS
- El Gobierno adelantará su plan contra la delincuencia
- Aznar anuncia que la "ofensiva" contra el terrorismo se llevará a cabo aun sin consenso
El presidente del Gobierno empezó su intervención matinal, de 59 minutos, con una alusión de apenas 60 segundos al conflicto abierto a cuenta de la ocupación marroquí del islote de Perejil. Y después construyó su mensaje a la nación sobre las medidas para mejorar sus principales problemas.
En primer lugar eligió la lucha contra el terrorismo. El jefe de Gobierno renovó su posición de condena firme contra los terroristas y sus cómplices: "No les espera ningún triunfo revolucionario, sino la acción de la justicia dentro y fuera de España. Reitero aquí que nuestro objetivo es la derrota del terrorismo a través de la aplicación de la ley, del aislamiento social y de la cooperación internacional. Y no sólo de la banda terrorista sino, también, de aquellas organizaciones que le prestan apoyo y le sirven como instrumento en el ámbito político, cultural, social y económico".
Aznar se apuntó el tanto de la Ley de Partidos Políticos pactada con el PSOE. Y lo hizo para relacionarla con otro pacto de Estado, el antiterrorista y sus inminentes medidas de apoyo a los concejales amenazados, prueba evidente de la respuesta de un sistema democrático sin complejos.
El presidente también cuestionó el acuerdo soberanista adoptado la semana pasada en el Parlamento vasco como una "iniciativa grave, profundamente equivocada, que pone en evidencia, una vez más, la coincidencia de todo el nacionalismo en los fines más radicales". Despreció ese "camino sin salida" y aventuró que, "como bien se va a comprobar, no va a conducir a nada". Aznar dirigió sus ataques al Gobierno que preside Juan José Ibarretxe: "Cuando se hace política con los cómplices de una organización terrorista; cuando se les organizan manifestaciones de apoyo; cuando se asumen sus objetivos; cuando se ignora a los que mueren y sufren sólo por sus ideas; es que se han roto muchos límites éticos y democráticos. Para empezar, se ha roto la palabra dada a los ciudadanos".
Se adentró entonces en el relato pormenorizado de reformas y proyectos iniciados, ampliados, anunciados o desarrollados en este último año. Habló del Pacto de Estado sobre Justicia y de sus mejoras. Y merodeó por los problemas evidentes que trae consigo el incremento que ahora reconoce de la inseguridad ciudadana. Pero "sin alarmismos", porque España es uno de los cinco países de la UE con menos tasa de criminalidad. Aprovechó ese apartado para anunciar la convocatoria entre 2002 y 2004 de 20.000 plazas entre policías nacionales y guardias civiles. Y otros muchos planes y ajustes legales para combatir la delincuencia y endurecer las penas contra los reincidentes.
Aznar se reservaba, en línea con lo anterior, otro gran apartado para demostrar su interés en endurecer la legislación sobre inmigración irregular. Sacó a colación los datos sobre delitos relacionados con extranjeros, y fijó como "regla general razonable" de la futura Ley de Extranjería "la expulsión del extranjero en situación irregular inculpado por un delito para el que la ley prevea una pena inferior a seis años, salvo que el juez lo deniegue justificadamente". Argumentó esta medida para evitar "el contrasentido de que delinquir sea una manera de dificultad la expulsión".
"Es evidente que algunas personas que viven ilegalmente en nuestro país acumulan un número importante de delitos. Frente a ellos, la sociedad española tiene derecho a reaccionar", argumentó.
También avanzó que su interés en que amplíen "los casos de internamiento para los extranjeros con historial delictivo cuando no proceda la prisión preventiva, si existe reincidencia".
Tras esto, precisó en que su intención es reformar el Código Penal "para que las penas inferiores a seis años sean sustituidas, salvo casos excepcionales, por la expulsión del territorio nacional. Y si la pena fuera superior, cuando se hayan cumplido las tres cuartas partes de la condena".
Y de nuevo reafirmó su teórica disposición al diálogo para acordar estas medidas.
Aumento de extranjeros
Aznar, más tarde, recuperó el fenómeno de la inmigración para destacar el aumento del medio millón de extranjeros legales residentes en 1996 a los actuales 1.300.000, de los que 750.000 cotizan a la Seguridad Social, con más de 400.000 tarjetas concedidas a los que no demuestran recursos y los 200.000 incluidos en el sistema educativo. Con las cifras quiso evidenciar que su Gobierno no sólo persigue la inmigración ilegal (362 redes desarticuladas y 1.223 detenidos) sino también la integración de otras culturas y tradiciones en los valores democráticos de España. Sobre la nueva Ley de Extranjería que desea, sólo sugirió el sentido de la reforma sin precisar nada: "Las regularizaciones extraordinarias no son la solución", y sugirió que se dará trato de favor a los inmigrantes iberoamericanos.
El presidente se embarcó luego en el terreno del desarrollo del Estado autonómico labrado en estos 25 años de democracia, para constatar que a partir de ahora las comunidades deben dar más cuenta de su gestión ante el nivel de traspasos y competencias de que disponen. Y pidió consenso al PSOE sobre la "segunda descentralización", el traspaso de competencias autonómicas a los ayuntamientos.
Luego presumió de que pese a la crisis internacional, España ha crecido más y mejor que la media de sus aliados europeos. Y ha generado más empleo.
Con esa filosofía, Aznar dejó claro que no se apeará de su reforma laboral que le acarreó la primera huelga general de los sindicatos en su etapa de presidente. No la cambiará. Se mostró dispuesto a negociar con los interlocutores sociales, pero de una forma genérica, casi de trámite: "El Gobierno sigue confiando en el diálogo social, ha hecho un llamamiento a los interlocutores sociales para restaurarlo y ha propuesto continuar negociando temas tan importantes como la siniestralidad laboral, la formación continua o el desarrollo del Pacto de Pensiones".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 16 de julio de 2002