El Gobierno catalán sacó ayer a concurso público las obras de construcción del túnel de Bracons, en la comarca de la Garrotxa, una de las partes del futuro eje Vic-Olot que ha suscitado más polémica entre los vecinos de la zona y las asociaciones ecologistas. El primer tramo de la carretera, de 20,7 kilómetros incluidos los cuatro del túnel, tiene un presupuesto de 162,8 millones de euros (unos 27.000 millones de pesetas) y se prevé que las obras empiecen en marzo de 2003.
La nueva carretera, de características similares a una autopista, comunicará la población de Torelló con la Vall d'en Bas y está previsto que sea utilizada por más de 15.000 vehículos al día. El Gobierno catalán considera este eje viario prioritario para favorecer las relaciones entre las comarcas de Osona y la Garrotxa y para canalizar el tráfico desde el centro de la Península hacia Francia.
Pero el proyecto cuenta con la firme oposición de las asociaciones ecologistas de la comarca por el 'impacto irreversible sobre la Vall d'en Bas' que, a su juicio, tendrá la carretera. La noticia de la licitación de las obras indignó a los miembros de la asociación Salvem les Valls, con más de siete años de campaña en contra del proyecto, que intentará la suspensión cautelar de las obras con la presentación de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El portavoz de la plataforma, Jaume Cabañas, no se mostró sorprendido por la fecha en que el Gobierno autónomo ha sacado a concurso las obras. 'Todos los procesos de este proyecto se han hecho en época de vacaciones', señaló, a la vez que manifestó que la licitación 'agota la vía política y ahora iremos a ampliar la vía judicial'.
Los ecologistas aseguran que tanto este eje viario como el túnel proyectado incumplen la normativa de carreteras del Estado en materia de seguridad, ya que prevé desniveles del 8% y arcenes de 1,5 metros. A juicio de la Generalitat, en cambio, el proyecto tiene en cuenta los aspectos medioambientales y las normativas europeas de seguridad.
Las asociaciones ecologistas no estarán solas en sus reivindicaciones. Iniciativa per Catalunya (ICV) y Esquerra Republicana (ERC) ya anunciaron ayer que piensan apoyar a estos colectivos tanto en su oposición política como judicial al proyecto. Joan Boada, portavoz de ICV, manifestó que el proyecto 'infringe de forma flagrante dos directivas europeas en materia de medio ambiente' y auguró una 'intensa lucha' contra el Gobierno catalán, la Unión Europea y 'las empresas que pretenden actuar de forma agresiva sobre este territorio'. Boada cree que el eje Vic-Olot responde 'únicamente a intereses de un sector del empresariado y del mundo político, concretamente de CiU y el PSC'.
El parlamentario Pere Vigo, de ERC, calificó la licitación de 'traición', ya que el Ejecutivo autónomo 'sabe que está en falso por la manera como ha hecho las cosas, a escondidas y en plenas vacaciones, al más puro estilo de la escuela de [José María] Aznar y sus golpes de decreto', manifestó.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 8 de agosto de 2002