La Generalitat retrasa seis meses la liberalización eléctrica. Los comercios catalanes y los clientes que consumen hasta un gigavatio de electricidad no podrán escoger compañía suministradora hasta enero de 2003. Esta medida, contenida en un borrador que reforma los decretos de la Generalitat sobre calidad del suministro eléctrico promulgados en diciembre de 2001, es fruto de un pacto entre la Generalitat y el Gobierno central.
En el nuevo reglamento en curso, la Generalitat recoge los pactos entre el Gobierno catalán y el Ejecutivo central, a partir de los cuales el primero armoniza con el resto de España el calendario hacia el libre mercado y suaviza las sanciones a las compañías.
Los comercios, las pequeñas industrias y las zonas residenciales de alto nivel deberían, desde el pasado mes de julio, estar en disposición de elegir compañía eléctrica suministradora. Así figuraba en los decretos del Gobierno catalán de diciembre de 2001. Sin embargo, el Departamento de Industria y Energía de la Generalitat tiene listo un borrador que modifica sustancialmente los citados reglamentos, cuya aplicación retrasará hasta enero de 2003 la posibilidad de elegir al suministrador.
Cortes de tres minutos
La Generalitat consideraba sancionables los cortes de suministro o las caídas de tensión de una duración superior a un minuto. Sin embargo, en la práctica, sólo se sancionan los cortes de más de tres minutos a la espera de disponer de los 'datos del conjunto de la UE que permitan un reglamento comparado', según señala una disposición transitoria de los decretos de 2001. Es decir, la legislación catalana es más rigurosa que la de los países del entorno, pero no se aplicará hasta conocerse el alcance de las sanciones que estén dispuestas a aplicar las leyes españolas y europeas. En el borrador del nuevo decreto se garantiza a las compañías eléctricas que hasta que no se disponga de estos datos a escala europea 'sólo se considerará interrupción imprevista la que tenga una duración superior a tres minutos', tal como ya recoge la legislación española.
Aunque los expertos consideran que el nuevo reglamento significa en la práctica una suavización del anterior, admiten asimismo que la exigencia de calidad en el servicio se mantiene pese a los cambios. Por su parte, la Generalitat mantiene el listón respecto a la calidad del servicio y la 'obligatoriedad de revisar los 80.000 kilómetros de red eléctrica y las 40.000 estaciones transformadoras que controla Fecsa-Endesa', afirma Albert Mitjà, director general de Energía.
La Generalitat sancionó a la compañía Fecsa-Endesa con una multa de seis millones de euros (1.000 millones de pesetas) a causa de los apagones. Aquel gesto abrió las hostilidades entre la Administración autonómica y la compañía, tras muchos años de servicio deficiente amparado en el silencio y la pasividad.
El Gobierno respondió a las sanciones de la Generalitat con un tibio recurso de forma en el Tribunal Contencioso Administrativo; mientras que, por su parte, Fecsa-Endesa, siguió una línea de contraataque que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha zanjado resolviendo en contra de dos recursos de amparo.
La modificación introducida ahora en el reglamento catalán responde a un doble objetivo: armonizar con el resto de España el calendario de la liberalización y suavizar formalmente la exigencia de calidad. Ambos elementos forman la condición exigida por el Gobierno central para no recurrir al Tribunal Constitucional contra los decretos de la Generalitat de 2001, que a la postre motivaron la sanción a Fecsa-Endesa. Al sortear la vía del Alto Tribunal, el Gobierno catalán no solamente consolida el alcance legislativo de su reglamento, sino que, además, robustece su papel como Administración competente en materia de distribución eléctrica.
Pese a la evidencia de los hechos, la reverberación política de los decretos de calidad de suministro de las empresas eléctricas y la multa a Endesa mantienen un eco contumaz. Ayer mismo, el secretario general de ERC, Josep Lluís Carod Rovira, calificó de 'vergüenza' el intento de 'rebajar los reglamentos sancionadores contra las compañías eléctricas que interrumpen el suministro'.
A juicio de Carod, si hay un territorio en toda España en el que no existe libre mercado a la hora de elegir a la compañía eléctrica éste es el de Cataluña, 'donde existe un monopolio eléctrico absoluto y una pésima prestación de servicios no sólo a los ciudadanos particulares, sino también a las industrias y al sector turístico'.
En opinión de Carod, esto seguirá ocurriendo y no mejorará mientras exista esta situación de monopolio, pero después de los escándalos de los últimos temporales de lluvias y de las decenas de miles de personas que durante muchas horas se quedaron sin luz, hacía falta un gesto ejemplar por parte del consejero de Industria, Antoni Subirà.
Gestora burocrática
'Pues bien, ya estamos viendo lo que ha durado este gesto, ocho meses, y una vez más, el Gobierno de la Generalitat no está a la altura de las circunstancias y es incapaz de plantar cara a los que perjudican tan directamente a los ciudadanos de Cataluña', afirmó el dirigente de la formación republicana.
Carod resumió su reacción a lo que considera un paso atrás de la Administración autonómica señalando: 'Cataluña, más que un Gobierno, tiene una simple gestora burocrática que gestiona mal y que no se encuentra a la altura moral que históricamente habían tenido los gobiernos de nuestro país'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 8 de agosto de 2002