Álvaro Uribe asumió ayer la tarea poco envidiable de intentar enderezar Colombia, un país perpetuamente postrado. Han sido los colombianos desencantados de todo los que le dieron la mayoría absoluta en las elecciones presidenciales de mayo, seducidos por su aparente firmeza y la promesa de mano dura con la guerrilla. Cuatro años de concesiones del jefe del Estado saliente, Andrés Pastrana, sólo han conseguido robustecer y envalentonar al grupo principal, las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Las constantes vitales que hereda Uribe son deprimentes: paro y pobreza en aumento, con una deuda externa de 40.000 millones de dólares en un país en armas del que se va casi todo el que puede porque generaciones enteras de sus 42 millones de habitantes sólo han conocido una guerra perpetua. La violencia ha echado de sus casas a dos millones de colombianos y los grupos armados de uno y otro signo han hecho de la cocaína, el asesinato y el secuestro -miles de muertos, miles de secuestrados- un modo de vida. Colombia se ha convertido con los años en sinónimo de todo eso, y Uribe necesitará para cambiarlo la ayuda de muchos, dentro y fuera de su país.
El nuevo presidente lleva bajo el brazo una larga lista de proyectos, políticos y económicos, que incluye una reforma constitucional para adelgazar el Parlamento a una sola Cámara, disciplinar a sus desacreditados inquilinos e incluso ofrecer escaños a los rebeldes dispuestos a entregar el fusil. Los cambios más llamativos, y peligrosos, son los que pretenden dar nuevos poderes a la policía y a un multiplicado Ejército para luchar contra la guerrilla y convertir masivamente a los colombianos en una milicia civil de informadores de los cuerpos de seguridad. Washington ha anunciado su apoyo a este programa de ley y orden con medios militares extraordinarios.
Uribe ha prometido combatir los males de su país con procedimientos democráticos. Siendo encomiables en general sus propósitos, deberá extremar el cuidado para no pretender mayor seguridad a costa de los derechos elementales de un pueblo históricamente maltratado, un atajo relativamente fácil en una nación cuyas instituciones están poco afianzadas. Vale decir que idéntica energía debe emplearse en combatir a la guerrilla y a los paramilitares de extrema derecha, tan abominables como los supuestos revolucionarios; en la certeza de que, por más soldados que ponga en armas, el enquistado conflicto colombiano sólo acabará en una mesa de negociación. Colombia lleva fracasando muchos años en su intento de dotarse de un perfil civil aceptable. Uribe se justificará ante sus conciudadanos si consigue poner los primeros cimientos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 8 de agosto de 2002