Las autoridades italianas se movilizaron ayer para expulsar a 449 inmigrantes sin papeles implicados en "actividades ilegales", en lo que se interpreta como una señal de la nueva política de tolerancia cero hacia este tipo de delincuencia extracomunitaria. La redada fue el resultado de una amplia operación policial iniciada hace una semana en 11 regiones del país bajo el nombre de Calles Libres, que se saldó con la detención de 88 personas acusadas de favorecer la prostitución y la inmigración clandestina, el tráfico de drogas y delitos contra las personas y el patrimonio.
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Otras 244 personas quedaron fichadas, mientras 449 inmigrantes indocumentados -159 hombres y 290 mujeres que ejercían la prostitución callejera- comenzaron a ser embarcados en vuelos chárter de regreso a sus países de origen.
La redada, la primera llevada a cabo por iniciativa del nuevo ministro del Interior, Beppe Pisanu, se desarrolló en Toscana, Cerdeña, Liguria, Lazio, Friuli Venecia Giulia, Véneto, Emilia Romania, Piamonte, Campania, Umbria y Las Marchas. Según la Dirección General de Seguridad italiana, con esta operación "se pretende dar una señal fuerte contra el triste fenómeno de la prostitución ejercida en nuestras calles que se vuelven, con frecuencia, imposibles de frecuentar".
En el Ejecutivo italiano de centroderecha se han escuchado numerosas voces a favor de reabrir los antiguos burdeles para controlar mejor la prostitución y retirarla de las calles. Uno de los abanderados de esta política es el líder de la Liga Norte, Umberto Bossi, que ha propuesto la creación de "eros centers" (centros eróticos) en las ciudades. Roberto Calderoli, vicepresidente del Senado y coordinador de la Secretaría Nacional de la Liga Norte, elogió ayer la iniciativa de Pisanu. "Es necesario que estas acciones no sean esporádicas, sino repetidas y constantes", dijo Calderoli, para quien la operación constituye "un excelente adiestramiento para el nuevo curso que impone la nueva Ley Bossi-Fini".
Ley Bossi-Fini
Italia aprobó recientemente una nueva ley de inmigración que dificulta la entrada en el país a los inmigrantes sin un contrato de trabajo en regla. La ley contempla la obligación de tomar las huellas digitales a todos los extracomunitarios que llegan al país, y establece el delito de inmigración clandestina al castigar al inmigrante sorprendido en territorio italiano tras haber sido expulsado. También arriesga la expulsión el inmigrante legal que pierde su trabajo.
En febrero pasado, en vísperas de la llegada al Parlamento de la ley, conocida como Bossi-Fini porque sus promotores fueron Umberto Bossi y el líder de Alianza Nacional, Gianfranco Fini, se produjo otra redada de mayor amplitud que puso en la frontera a 1.352 inmigrantes que residían en Italia ilegalmente.
La operación, anunciada con tono triunfal por el entonces ministro del Interior, Claudio Scajola, en una rueda de prensa presidida por el primer ministro, Silvio Berlusconi y por el vicepresidente Fini, se desarrolló en ocho ciudades italianas, entre ellas Roma, Milán, Turín y Palermo, y al presentar sus resultados, Scajola subrayó que se trataba del primer ejemplo de la "guerra al clandestino" que se proponía llevar a cabo Italia. De los repatriados entonces, 862 eran hombres, y 490, mujeres, de ellas 402 prostitutas, la profesión más extendida entre las jóvenes que entran clandestinamente a Italia desde Albania o desde la frontera eslovena. La policía detuvo a 151 personas relacionadas con la explotación de la prostitución.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 15 de agosto de 2002