Iba a ser la baza decisiva del canciller alemán, Gerhard Schröder, para acortar distancias frente a su rival conservador, Edmund Stoiber: la presentación de un ambicioso proyecto de reforma del mercado laboral preparado por una comisión independiente de 15 expertos encabezada por Peter Hartz. Tras meses de discusiones y una agitado debate en la prensa, el directivo de Volkswagen finalmente entregó ayer a Schröder el correspondiente informe, cuyas propuestas fueron discutidas también en un foro de agentes sociales ayer por la tarde en Berlín. Sucede, no obstante, que muy pocos prestaron atención: en estos días, políticos, periodistas, empresarios y ciudadanos tienen la vista fija en las riadas en el este del país.
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Y eso que, de materializarse lo propuesto por esta comisión integrada por empresarios, sindicalistas, políticos y científicos, el mercado laboral alemán cambiaría profundamente. "Si se ponen en práctica las condiciones expuestas, el número de parados caerá en dos millones de personas en los próximos tres años, a partir de las 11 de la mañana de hoy", sostuvo Hartz en la cancillería.
Aunque este pronóstico parece sonar exagerado incluso a los oídos de Schröder, quien ayer se cuidó mucho de poner su mano en el fuego por semejante cifra (ya una vez hizo algo parecido, prometiendo reducir hasta 3,5 millones el número de desempleados al final de su mandato, y fracasó), el plan contiene importantes innovaciones, comenzando por una reforma a fondo de la Oficina Federal de Empleo, comparable al Inem español, que de monstruo burocrático que agencia los pagos por desempleo deberá convertirse en un organismo que haga de eficaz intermediario entre quienes buscan y ofrecen un empleo. Para ello, esta Oficina pondrá a funcionar agencias de empleo temporal que intentarán ubicar, con menor sueldo y pocas garantías laborales, a cientos de miles de parados.
De ser puestas en práctica, las propuestas dificultarían también considerablemente vivir del paro sin esforzarse por buscar un empleo. Personas jóvenes y sin hijos serán presionadas a aceptar puestos de trabajo en todo el territorio alemán incluso si éstos no corresponden a sus cualificaciones profesionales y a sus expectativas de sueldo. De por sí, la carga probatoria de que un empleo es inaceptable correspondería a los parados y no, como sucede ahora, a la Oficina de Empleo. Diversos incentivos (aportaciones públicas a empresas que se comprometan a crear un empleo fijo, por ejemplo, o alivios fiscales para quienes intenten ganarse la vida como trabajadores autónomos) y nuevos mecanismos (como la agilización de la búsqueda de un nuevo puesto de trabajo en caso de despido) deberán flexibilizar ulteriormente el mercado laboral.
La comisión también aboga por recortar hasta 32 meses los pagos por desempleo -en la actualidad, éstos son indefinidos-, y sustituirlos posteriormente por una especie de ayuda de supervivencia. El monto de este subsidio, sin embargo, no fue cuantificado, también debido a los fuertes debates internos que suscitó este punto entre los expertos.
A escasas cinco semanas de las elecciones, la puesta en práctica de las en total 13 propuestas -descartada de plano, por evidentes motivos electorales, por la oposición conservadora-, es más que incierta. Tanto el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) del canciller como el Gabinete ministerial rojiverde, en los próximos días, definirán qué componentes intentarán poner en marcha antes de las elecciones del 22 de septiembre.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 17 de agosto de 2002