El juez Baltasar Garzón está ultimando el auto de suspensión de las actividades de Batasuna, que podría firmar hoy o mañana, según fuentes de la Audiencia Nacional. Dicho auto deberá especificar el alcance de la suspensión que, según las fuentes consultadas, incluirá como mínimo la clausura de sus sedes.
Las cuentas bancarias de la formación ya se encuentran bloqueadas desde julio pasado, cuando el mismo juez la declaró responsable civil subsidiaria de los daños causados por la violencia callejera de miembros de la organización juvenil Segi, valorados en 24 millones de euros.
El pasado viernes, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, se mostró favorable a la suspensión de actividades de Batasuna, por considerarla un "instrumento más de ETA". En opinión del fiscal, la medida resulta "imprescindible como medio para evitar el suministro de fondos económicos que faciliten la comisión de nuevos atentados terroristas, como el del pasado 4 de agosto de 2002 en Santa Pola".
Por el contrario, la representante legal de Batasuna, Jone Goirizelaia, se opuso a la suspensión alegando que Garzón no es competente para adoptarla y que resulta desproporcionada.
La suspensión cautelar de las actividades de Batasuna, por un máximo de cinco años, se basa en el artículo 129 del Código Penal y supone el primer paso para su disolución por sentencia firme, prevista en el artículo 520 para las asociaciones ilícitas. Se trata, en todo caso, de una vía diferente a la prevista por la Ley de Partidos Políticos, que el Gobierno pondrá en marcha a principios de septiembre a instancias del Congreso.
Informes policiales
El juez ha citado para esta mañana a los inspectores de la Unidad Central de Inteligencia del Cuerpo Nacional de Policía firmantes de los informes que vinculan a Batasuna con ETA.
Una vez realizado el trámite de ratificación, podría notificar el auto correspondiente, que podrá ser recurrido en reposición ante el propio magistrado antes de que se convierta en firme.
En principio, la suspensión de actividades de Batasuna no afectará al ejercicio de sus cargos electos en ayuntamientos, diputaciones y asambleas legislativas, aunque éstos no podrán actuar en nombre de su partido, que tampoco podrá convocar actos que requieran de autorización previa.
Una vez ordenada por Garzón, la clausura de las sedes de Batasuna en el País Vasco deberá realizarla la Ertzaintza como policía judicial.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 26 de agosto de 2002