La demanda de la Fiscalía General del Estado presentada ayer ante el Tribunal Supremo propone que la Sala Especial que verá el proceso de ilegalización de Batasuna cite a una treintena de testigos, entre ellos el alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, del PP, y la alcaldesa de Lasarte (Guipúzcoa), la socialista Ana Urchueguía, víctimas del acoso del entorno de ETA, así como personalidades del mundo cultural y universitario de Euskadi también asediadas por los mismos sectores del independentismo radical.
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El ministerio fiscal también citará a miembros de la Guardia Civil y de la Ertzaintza que han participado en operaciones relaciones con la lucha antiterrorista, pero ha pedido a la Sala Especial que se les cite a través de su número profesional, ocultando sus nombres, y que se adopten medidas que impidan que puedan ser identificados visualmente para evitar que puedan ser objeto de represalias por parte de los terroristas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 4 de septiembre de 2002