El Gobierno y el fiscal general del Estado entregaron ayer sus respectivas demandas de ilegalización de Batasuna en el Tribunal Supremo, por considerar que el partido aberzale incurre en cada una de las 12 conductas prohibidas por la Ley de Partidos. Dejando de lado su proverbial moderación expresiva, el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, replicó con contundencia a las amenazas de Arnaldo Otegi de que el acoso a su partido acabará en "un Stalingrado político". "Nosotros venimos a liberar a una parte de España de ese asedio de los nazis de un partido que se llama Batasuna", aseguró Cardenal.
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El fiscal general del Estado llegó al Tribunal Supremo pasadas las 11 de la mañana acompañado por el jefe de su Secretaría Técnica, Fernando Herrero Tejedor, y portando en una carpeta los 73 folios que constituyen el cuerpo de la demanda del ministerio fiscal. Un par de horas después, el ministro de Justicia, José María Michavila, explicaba a los medios informativos en el Palacio de Parcén el contenido de la demanda del Gobierno.
La demanda del Ejecutivo fue presentada media hora antes que la del fiscal, a través del servicio de la Abogacía del Estado, en el Tribunal Supremo. Ni el fiscal ni el ministro dieron copia de los escritos a los medios informativos, alegando razones de "cortesía y respeto" a los magistrados de la Sala Especial del Tribunal Supremo, que, según dijeron, debían conocerla antes. En la tarde de ayer, magistrados consultados por este periódico afirmaron que no habían recibido copia de las demandas ni el presidente del Tribunal Supremo había convocado la Sala Especial. Michavila entregará hoy la demanda al Parlamento.
El fiscal general del Estado explicó que su demanda contiene un pequeño preámbulo sobre la trayectoria de Batasuna y se estructura en 15 apartados que cubren los 12 supuestos de los artículos 9.2 y 9.3 de la Ley de Partidos.
La demanda de la fiscalía va dirigida contra Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, ya que otros tres partidos registrados como ESB, ANV y Askatasuna no tienen actividad alguna, y otros dos, HASI y LAIA, no llegaron a estar inscritos oficialmente.
En el fundamento jurídico quinto de su demanda, la fiscalía argumenta cómo se subsumen los hechos denunciados en las conductas contempladas en los artículos 9.2 y 9.3 de la ley. Como ejemplo, fuentes de la Fiscalía del Estado dijeron que desde la entrada en vigor de la ley, el pasado 29 de junio, Batasuna no ha adoptado ninguna medida disciplinaria contra la veintena de dirigentes, cargos públicos y militantes que arrastran condenas por delitos de terrorismo, ninguno de los cuales ha repudiado los medios y fines terroristas.
Junto a la demanda, la fiscalía aportó varias cajas que contienen la prueba documental, entre la que se incluyen los boletines oficiales de las comunidades vasca y navarra con las listas de candidatos proclamados y electos en todas las elecciones desde 1978 como medio de demostrar la pertenencia a Batasuna de condenados por delitos de terrorismo.
La fiscalía también aportó un vídeo con las declaraciones del líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, en el que profiere amenazas contra la Ertzaintza en caso de que dé cumplimiento al cierre de las sedes de Batasuna, y una presentación informática de fotografías de 34 ayuntamientos gobernados por Batasuna en el País Vasco y Navarra que exhiben en sus fachadas fotos de presos de ETA junto a mensajes de apoyo y exaltación de la banda terrorista.
El problema de la citación
El ministerio fiscal se ha encontrado a última hora con el problema de cómo notificar la demanda formalmente a Batasuna, dado que desde que el juez Baltasar Garzón suspendió las actividades del partido en las sedes no hay más que un precinto a la puerta.
Fuentes fiscales explicaron, sin embargo, que en la demanda se pide que se les emplace en las sedes oficiales de Batasuna en las tres provincias vascas y en Navarra. Como parece improbable que en las sedes recojan la notificación, la fiscalía ha pedido que "cumulativamente" se les dé traslado de la demanda ante la representación que Batasuna tiene en el sumario instruido por Garzón, en el que está personada la letrada vizcaína Jone Goirizelaia.
Por si el Supremo entendiese que el poder general para pleitos de Goirizelaia y el procurador en la causa penal no son suficientes para el proceso ante la Sala Especial, el fiscal ha propuesto que, en tercer lugar, se dé traslado de la demanda al portavoz e integrante de la Mesa Nacional de Batasuna, Arnaldo Otegi, en el Parlamento vasco.
En último término, la Fiscalía también ha pedido que se notifique la demanda en la actual sede oficial de Batasuna, sita en la rue Cordeliers 38, de la localidad francesa de Bayona. Pero mientras la Fiscalía General del Estado quiere emplazarles allí, la fiscalía de la Audiencia Nacional ha iniciado los trámites para que las autoridades francesas cierren esa sede. No obstante, la ley prevé que si Batasuna no se da por emplazada, el procedimiento pueda seguirse en rebeldía.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 4 de septiembre de 2002